Nacional
Miércoles 04 diciembre de 2019 | Publicado a las 17:07
Gobierno afirma que menos del 4% de detenidos en Estado de Excepción terminó en prisión preventiva
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Este mi√©rcoles, la C√°mara de Diputados despach√≥ al Senado la ley antisaqueos, iniciativa que cuenta con patrocinio del Gobierno y que pretende modificar el C√≥digo Penal para tipificar como delito la alteraci√≥n de la paz p√ļblica con la ejecuci√≥n este tipo de actos de violencia.

En ese contexto, la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) confeccionó un documento para fundamentar la importancia del proyecto, minuta en la cual también entregaron datos de los procedimientos policiales y sus resultados durante el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia.

All√≠, el Ejecutivo lament√≥ el hecho que pese a la gravedad de las situaciones ocurridas entre los d√≠as 18 y 27 de octubre “los responsables de los violentos delitos, una vez sometidos a la audiencia de control de identidad, han sido objeto de medidas cautelares menores”.

De acuerdo a La Tercera, desde La Moneda a√Īadieron que “particularmente, durante el Estado Constitucional de Emergencia, de las 8.367 detenciones practicadas legalmente, menos de un 4% termin√≥ en prisi√≥n preventiva‚ÄĚ.

Sumado a lo anterior, en el mismo texto, desde La Moneda indicaron que tras el fin de los decretos de emergencia, de las 3.698 detenciones practicadas legalmente “solo un 5% de los imputados fue sometido a prisi√≥n preventiva”.

A mera vista, el contenido de la minuta podría leerse como una crítica al actuar del Poder Judicial, específicamente de los jueces de Garantía; e incluso de la Fiscalía, órgano con el cual el Gobierno mantiene una tensa relación.

No obstante, la Segpres despej√≥ dudas, al menos en cuanto al manejo de los primeros referidos, y dej√≥ en claro que la precisi√≥n del n√ļmero de prisiones preventivas “no importa bajo ning√ļn punto de vista una cr√≠tica a la labor de los jueces”.

Eso ya que estas cautelares “parecer√≠an desproporcionadas si el sujeto no arriesga privaci√≥n de libertad, a√ļn cuando prospere la investigaci√≥n penal en su contra; pero s√≠ demuestra la necesidad de otorgar al tribunal la posibilidad de decretar medidas cautelares m√°s intensas en atenci√≥n a la gravedad de los delitos cometidos, como fueron los de robo en lugar no habitado, des√≥rdenes p√ļblicos, receptaci√≥n y da√Īos, entre otros”, estipularon en el documento.

La Moneda versus Fiscalía

Esta jornada fue un día de declaraciones cruzadas entre el órgano persecutor y La Moneda.

Primero, el fiscal nacional, Jorge Abbott, acus√≥ en conversaci√≥n con Cooperativa que “desgraciadamente vemos con preocupaci√≥n que se trata de llevar a sede penal un conflicto de car√°cter social y pol√≠tico”.

Luego, esta vez en entrevista con Pauta, el fiscal jefe metropolitano oriente, Manuel Guerra, asever√≥ que -a su parecer- se debe dejar de usar “al Ministerio P√ļblico como chivo expiatorio cuando a un Gobierno le va mal en materia de seguridad”.

Despu√©s, desde los estudios de Radio B√≠o B√≠o en Santiago, y consultada sobre los dichos del persecutor jefe, la ministra vocera, Karla Rubilar, solo se remiti√≥ a decir que la Fiscal√≠a deber√≠a “dejar de defenderse” y usar esta oportunidad para “mostrar su trabajo”.

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