En medio de la polémica respecto a la acusación contra el presidente Sebastián Piñera, Radio Bío Bío tuvo acceso en exclusiva al líbelo acusatorio que pretende iniciar un proceso de juicio político para destituir al Mandatario.
En teoría, la semana pasada habían 10 diputados a bordo para sumarse a la Acusación Constitucional contra el presidente Sebastián Piñera, del Frente Amplio y el Partido Comunista, y se suponía el texto iba a ser presentado el martes pasado.
Pero aquello no pasó, porque finalmente sus impulsores, Félix González (Partido Ecologista), Pamela Jiles (Partido Humanista) y Renato Garín, no tuvieron el respaldo comprometido por sus pares.
En ese contexto, ese día Jiles dejó en evidencia la situación. Y ante las quejas, los aludidos salieron a decir que el texto no estaba suficientemente preparado.
Por su parte, su propio correligionario, Tomás Hirsch, acusó “que algunos por figurar quieran hacer creer que tenían la acusación constitucional lista y solo tenían textos de Wikipedia” y subrayó que estaban preparando el texto entre varios diputados -incluyendo antecedentes de las violaciones a los Derechos Humanos-, entre los que se encontrarían las parlamentarias Carmen Hertz (PC), Claudia Mix (Comunes), Gael Yeomans (Convergencia Social) y Marisela Santibáñez (PC).
En la misma línea se manifestó la bancada comunista, la cual precisó que el texto a presentar debe ser “un documento que no deje dudas de las ilegalidades, cuya responsabilidad recae en el presidente Sebastián Piñera”, por lo que “junto a diputadas y diputados de otras bancadas trabajamos sin parar para presentarla prontamente”, añadieron.
En ese contexto, Radio Bío Bío accedió en exclusiva al texto que ha trabajado González, Jiles y Garín, que se sostiene en cuatro pilares: incumplimiento de la obligación de informar al Congreso Nacional las medidas adoptadas en virtud de la declaración del estado de emergencia, por haber infringido abiertamente el artículo 101 de la Constitución (asegurar el orden público); por haber infringido abiertamente el artículo 106 de la Constitución (convocar al Cosena para asuntos de seguridad interna); y por haber comprometido gravemente el honor de la Nación, que por definición apunta al “bien jurídico objetivo de que goza el Estado de Chile, su régimen democrático y sus instituciones constitucionales y que garantiza su independencia, su integridad territorial y sus principios de inserción pacífica con la comunidad internacional de la cual es parte”.
En tanto, también resume una serie de antecedentes que han aparecido en medios de comunicación, también relatos expuestos tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, además de las querellas que se han interpuesto en tribunales.
Los casos descritos se dividen según delito cometido por agente del Estado, partiendo por homicidios registrados en las regiones de Coquimbo, Maule, Biobío y Metropolitana, el caso de los “crucificados de Peñalolén”, además de una tortura de abuso sexual, ocurrido en la 51° Comisaria de Pedro Aguirre Cerda.
De paso, se incluyen cifras de personas lesionadas, entregadas en el Congreso por el presidente del Departamento de DDHH del Colegio Médico, Enrique Morales; cifras de heridos por armas de fuego; el hecho que afectó a las alumnas del Liceo 7 de Santiago; el caso de una menor de edad baleada en la Pintana; el de Jorge Ortiz, observador de DDHH del INDH; además de otras situaciones de similares características.
Capítulo aparte son las lesiones oculares generadas por Carabineros, como es el caso de Rodrigo Lagarini, en Concepción; el de un menor de edad que recibió una bomba lacrimógena en sus ojos, en Talcahuano; y el caso de Gustavo, registrado durante la última manifestación en Santiago.
Sobre las detenciones, se entregan cifras del INDH publicadas hasta el 10 de noviembre, se mencionan varios casos de detenciones con excesivo uso de fuerza y se expone la vulneración de derechos en la Comisaría de Quilpué, donde dos personas detenidas por Carabineros presentaron querellas en el Juzgado de Garantía, donde en el caso de uno de ellos le acogieron un recurso de amparo por no tener las condiciones mínimas para presentarse en un tribunal.
Del mismo modo, se incorpora la exposición de la Defensoría Penal Pública en la Comisión de Derechos Humanos del Senado, sobre detenciones ilegales. También, los casos de atropellos en la Alameda y en Vicuña Mackenna, donde un radio patrulla da vuelta a un joven y lo lanza a metros de distancia, mientras el vehículo continúa su camino, sin auxiliar a la víctima.
Con todo, hasta ahora el texto cuenta con el apoyo de sólo 6 parlamentarios: sus redactores, González, Jiles y Garín, sumado a Carolina Marzán (PPD), Esteban Velásquez (FRVS) y Raúl Florcita Alarcón (PH). Sólo faltan cuatro para poder presentarla.
No obstante, durante la madrugada del viernes, tras el trabajado acuerdo por una nueva Constitución, Jiles acusó que allí “además negociaron no acusar constitucionalmente a Piñera”.
Como sea, la situación se avizora compleja. El FA salió del Presupuesto 2020 -durante la madrugada del sábado- en señal de protesta por la muerte de un joven en Plaza Italia y reactivó la presentación de una acusación constitucional contra el Presidente, lo cual se concretará este martes, según anunció en el Congreso la diputada Camila Rojas (Comunes) y respaldó Camila Vallejo (PC).
Aunque dicha determinación abrirá otro flanco en la oposición, el cual se abre considerando que hay sobre la mesa dos líbelos acusatorios: uno, el impulsado por los diputados Félix González, Pamela Jiles y Renato Garin, cuestionado por sectores del FA y el propio PC, quienes señalaron que no era suficientemente minucioso.
Y por otro lado está el nuevo texto -que aún no es público-, y que será impulsado este martes por los sectores críticos del primer líbelo. De este modo existe la opción que se genere una inédita disputa, en la que se podrían presentar dos textos por separado.
