A días de la audiencia de preparación de juicio oral por el multimillonario fraude al interior de Carabineros, caso conocido como Pacogate, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó al ex director de finanzas de la institución, general (r) Iván Whipple, a regresar a prisión preventiva.

El 3 de julio, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago había concedido un cambio en la medida cautelar del otrora uniformado, quien pasó a arresto domiciliario al día siguiente, tras 14 meses.

Sin embargo aquello duró pocos días, ya que la Cuarta Sala del tribunal de alzada, integrada por la ministra Gloria María Solis, el fiscal judicial Jorge Luis Norambuena y la abogada integrante Pía Tavolari, decidió revocar la resolución del juzgado.

Así, Whipple regresó a cumplir la medida cautelar más gravosa de nuestro sistema judicial, ingresando a la Décimoprimera Comisaría de Carabineros en Lo Espejo en calidad de imputado.

Consultado al respecto, el abogado defensor del exalto oficial de la policía uniformada, Francisco Castillo, declinó entregar declaraciones.

La medida cautelar designada a Whipple también fue confirmada por la Corte a los también acusados María Rojas Torres y Eduardo Pardo Muñoz, quienes deberán esperar el inició de la preparación del juicio oral en el Centro de Educación y Trabajo de San Miguel y en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Santiago I, respectivamente.

La audiencia en cuestión quedó agendada para las 09:00 horas de este miércoles, instancia en la cual se iniciará la preparación del juicio en contra 33 excarabineros y civiles que fueron acusados por lavado de dinero, malversación de caudales públicos y asociación ilícita.

En medio de este caso, indagado por el fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, ya se ha logrado determinar que el desfalco alcanzó la cifra de $28.348 millones.

Este artículo describe un proceso judicial en curso
Existe la posibilidad de que los cargos sean desestimados al finalizar la investigación, por lo cual NO se debe considerar al o los imputados como culpables hasta que la Justicia dicte sentencia en su contra.
(Artículo 04 del Código Procesal Penal)