Este jueves, el exdirector de finanzas de Carabineros, general (r) Iván Whipple, salió de prisión preventiva tras 14 meses con esta medida cautelar, luego que el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago determinara el miércoles enviarlo a arresto domiciliario, con la prohibición de comunicarse con los otros imputados.

Su salida ocurre a menos de dos semanas de la audiencia de preparación del juicio oral, instancia que quedó agendada para el miércoles 17 de julio, todo en el marco de la investigación por el multimillonario fraude al interior de la policía uniformada, desfalco que bordea los $28 mil millones.

La decisión la tomó la magistrada Marcia Figueroa, quien dictaminó el cambio de medida cautelar tras oír los argumentos del Consejo de Defensa del Estado, la Fiscalía y la defensa del otrora general.

Tras conocer la nueva medida para su cliente, los abogados defensores, Francisco Castillo y José Miguel Barahona, dijeron estar tranquilos y aseguraron a través de un comunicado que la prisión preventiva era desproporcionada en base al tiempo transcurrido.

“De los antecedentes expuestos y entregados, sobre todo considerando que, como bien razonara la magistrado Marcia Figueroa, en un escenario subsidiario de condena las penas probables por hechos ocurridos hace muchos años, todo indica que serían penas con posibilidad de acceder a ser cumplidas en libertad”, señaló Castillo.

“Esta parte insiste en la inocencia de Iván Whipple, porque los antecedentes acompañados y discutidos durante la audiencia así lo demuestran y, en ese sentido, evaluará la pertinencia de recurrir ante la Corte de Apelaciones para morigerar todavía más la cautelar que disminuyó el tribunal de primera instancia”, agregó.

No obstante lo anterior, el defensor añadió que también están confiados de recurrir a un tribunal de alzada para que, “considerando los principios que inspiran nuestro sistema procesal penal, al menos confirme la resolución de hoy que deja sin efecto la prisión preventiva”, añadió el defensor.

En el llamado “Pacogate”, 127 personas fueron acusadas, pero 35 pasaron a juicio oral.

En mayo de 2019, la Fiscalía logró las primeras condenas para seis acusados: un civil y cinco expolicías.

Hasta el momento, más de 300 bienes han sido confiscados por un valor de $7 mil millones, entre ellos propiedades, vehículos, caballos y hasta un yate. Aquello constituye un cuarto del monto defraudado total.