Este lunes, la Contraloría General de la República tomó razón del reglamento sobre la Ley de aporte al espacio público.

Antes de este reglamento, los proyectos inmobiliarios con más de 150 estacionamientos, en caso de los edificios comerciales; y aquellos con 250 de estos espacios o más, en estructuras residenciales, debían realizar el estudio de impacto al sistema de transporte urbano.

Con la nueva norma, que reemplazó a ese sistema, estableció que todas las inversiones deberán contar con su estudio y los respectivos informes de mitigación vial, proporcionales a la cantidad de estacionamientos.

A 2016, por ejemplo, solo el 5% de los proyectos mitigaban su impacto, puesto que el resto construía iniciativas con menos estacionamientos, por lo que quedaban eximidos de realizar tales estudios.

El trámite era esperado por el sector inmobiliario, donde existían algunos proyectos paralizados a la espera que el órgano fiscalizador tomara razón del reglamento, que entrará en vigencia en 18 meses.