Desde el Gobierno descartaron abandono de deberes por parte de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, respecto de la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública, luego que en la oposición surgiera la idea de acusarla constitucionalmente debido a los retrasos que ha tenido la puesta en marcha de los servicios locales de Educación.
Si bien aún no existe un planteamiento formal desde la oposición, algunos diputados ya han solicitado informes para determinar si existe el mérito para levantar la acción en contra de la secretaria de Estado.
Si bien no es aún una idea que esté del todo madurada por la oposición, existen varios diputados que creen que los problemas que está presentando la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública es un elemento que da pie para pensar, al menos, en una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación.
Prueba de ello son las deficiencias de infraestructura y salubridad que presentan varios colegios que ya fueron traspasados a los nuevos servicios locales de Educación y que hoy se encuentran paralizados, ya que recién ayer asumieron las personas designadas por el Gobierno; faltando todavía resolver los nombres de los directores en Costa Araucanía y Puerto Cordillera, además del nuevo director nacional de Educación Pública, cargo que está vacante desde noviembre pasado.
Si bien la ministra Cubillos llegó este martes recién al país, tras un viaje a Estados Unidos donde visitó a sus hijos, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, descartó que exista algún antecedente que de cuenta de un abandono de deberes de la secretaria de Estado y emplazó a la oposición a no politizar el tema.
Visión contrapuesta tiene el diputado socialista y miembro de la comisión de Educación, Juan Santana, quien sostiene que hace meses que la ministra Cubillos tiene botada a la educación pública, a lo que se suma la campaña de difusión que ha hecho el Gobierno sobre la implementación del sistema de admisión escolar en la región Metropolitana y que en la oposición han calificado como propaganda de desinformación.
El senador de Revolución Democrática y presidente de la comisión de Educación, Juan Ignacio Latorre, sostuvo que más allá del instrumento de la acusación constitucional, lo importante es determinar si existe mérito para llevar adelante una acción de este tipo, señalando que, a la luz de los antecedentes que se han puesto a disposición del Congreso, en el Gobierno no hay ningún esfuerzo en impulsar la educación pública.
Según fuentes consultadas por Radio Bío Bío, un equipo jurídico ya se encuentra analizando los antecedentes de la implementación de la Ley de Nueva Educación Pública para determinar si existe sustento legal de peso para impulsar una acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos, lo que será presentado al resto de la oposición para evaluar una acción de esa naturaleza.
