El Gobierno confirmó que estudia un proyecto de ley para modificar el sistema de nombramientos y evaluación en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, a raíz del escándalo de presunta corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua, que ahora afecta a la Fiscalía Regional de O´Higgins.
Este martes se realizará el consejo extraordinario de fiscales regionales, que resolverá una eventual investigación penal contra el persecutor regional de O’Higgins, Emiliano Arias, por las denuncias que presentó en su contra el jefe de la Unidad de Alta Complejidad de Rancagua, Sergio Moya.
La cita está agendada desde las 15:00 horas en la sede de la Fiscalía Nacional en Santiago.
En la oportunidad, el fiscal nacional, Jorge Abbott, escuchará las opiniones en torno a abrir una eventual investigación penal contra Arias. Mientras, ya se designó al fiscal regional de Antofagasta, Alberto Ayala, como encargado del sumario administrativo por las denuncias de Sergio Moya.
Precisamente, este lunes el fiscal regional de O’Higgins se reunió con el equipo de la Unidad de Alta Complejidad, cuyo jefe es el fiscal Moya.
Este último no asistió a la cita por problemas de salud, sin embargo no tenía contemplado participar, pues tenía planificado constituirse en la Fiscalía Metropolitana Sur donde quedaron arraigadas las dos causas en las que se investigan delitos de corrupción contra tres ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua.
El viernes, en entrevista con Radio Bío Bío, Moya reveló cuatro hechos que serían constitutivos de delitos, como tráfico de influencias, obstrucción a la investigación y ocultamiento de información, presuntamente cometidos por el fiscal regional de O’Higgins, acusaciones que Arias negó tajantemente durante el fin de semana.
Sin embargo, tal como reveló Radio Bío Bío, un correo electrónico mostró que, efectivamente, Arias gestionó personalmente la salida alternativa para Herman Chadwick Larraín en el caso Caval.
Pero Arias negó que ese correo tuviera relación con la acusación, asegurando que dicho documento se refería a otra audiencia. Es más, también había asegurado que ese tipo de decisiones se concretaban de forma grupal.
Sin embargo, este lunes, un nuevo correo electrónico salió a la luz en el programa Marca Registrada de CNN Chile, en el cual se puede observar que Arias detalla específicamente las salidas alternativas para Herman Chadwick y para Juan Díaz; otro de los involucrados en el caso Caval.
Crisis llega a La Moneda
Ante la crisis en ambas instituciones, Poder Judicial y Ministerio Público, la vocera de Gobierno, la ministra Cecilia Pérez, informó que el Ejecutivo estudia elaborar un proyecto de ley para modificar el nombramiento de jueces y fiscales.
“Como Gobierno estamos estudiando el sistema por el cual se eligen, se designan, se evalúan y se controlan tanto jueces como fiscales. Creemos que tiene que existir eventualmente un cambio en estas designaciones, evaluaciones y controles”, afirmó la ministra, sin dar una fecha definida para esta posible modificación.
En tanto, el presidente del Consejo para la Transparencia, Marcelo Drago, evaluó en forma positiva la reacción de las instituciones frente a este conflicto.
“Las instituciones tienen que ocupar sus herramientas y mecanismos para enfrentar este tipo de circunstancias. Creemos que este es el caso, justamente. Y esperamos que se tomen las medidas más contundentes para dar señales claras a la ciudadanía de que el camino correcto es el de la transparencia y la probidad”, afirmó.
A juicio del presidente del Consejo para la Transparencia, este tipo de situaciones son “una señal compleja para la ciudadanía, pero lo importante es que sabemos que están sucediendo ese tipo de cosas, lo que es positivo en sí -tenemos que ver cuántos años sucedió lo que sucedió en esa región-, pero es bueno que salga a la luz y que las instituciones se hayan desplegado para detener lo que estaba pasando y tomar medidas al respecto”.
Si Abbott abre una causa penal, la que ha sido solicitada incluso por el propio Arias, se designará un fiscal regional para instruir la investigación, quien podría suspender de funciones al eventual imputado, abriéndose la posibilidad que sea el mismo Moya quien quede a cargo como subrogante de la Fiscalía de O’Higgins.
