Por medio de un proyecto de ley que iniciará su trámite el próximo lunes, el Gobierno buscará aplazar en dos años la entrada en vigencia de los nuevos estándares de acreditación que deberán adoptar las instituciones de educación superior.
Con suma urgencia se iniciará en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, la tramitación del proyecto de ley que modifica una serie de normas transitorias y permanentes de la Ley de Educación Superior, sobre el nuevo sistema de aseguramiento de la calidad.
La iniciativa que fue ingresada el 16 de enero pasado al Congreso, busca corregir aquellos problemas de diseño que presenta la ley, específicamente, respecto de los plazos para que las instituciones de educación superior, adopten los nuevos criterios de certificación que elabora la Comisión Nacional de Acreditación (CNA).
De esta forma, el jefe de la División de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, explicó que la iniciativa del Gobierno extiende hasta septiembre de 2020 el plazo para que la CNA elabore los nuevos criterios, fijando además desde esa fecha, dos años para que las instituciones los incorporen a sus respectivos procesos de certificación.
Según establece la actual Ley de Educación Superior, los nuevos criterios de acreditación deben estar listos el próximo 31 de mayo, para que comiencen a regir a partir del 1 de enero de 2020.
El presidente de la Comisión Nacional de Acreditación, Alfonso Muga, sostuvo los plazos que estableció la normativa no calzan, sosteniendo que las instituciones de educación superior deben contar al menos con dos años, para poder incorporar y cumplir los nuevos estándares de calidad.
Junto con extender los plazos, el proyecto del Gobierno también repondrá el derecho de apelación que tenían las instituciones, cuando la CNA no acreditaba las carreras de pregrado, de manera que también puedan recurrir al Consejo Nacional de Educación.
El vicepresidente Ejecutivo del Consejo de Rectores, Aldo Valle, mostró la disposición de las universidades para colaborar con el Gobierno en estas adecuaciones a la ley.
Además, el proyecto plantea una solución a la controversia que se generó luego que la CNA dejará sin efecto los 181 procesos de certificación de programas que se encontraban pendientes en las agencias acreditadoras privadas, antes del 28 de mayo de 2018, fecha en que se promulgó la ley.
