El diputado de Renovación Nacional, Andrés Celis, ingresó un escrito a la Comisión de Ética de la Cámara donde solicita formalmente su intervención para conocer y sancionar a la parlamentaria progresista, Marisela Santibáñez.
Su oficio llega como respuesta a los dichos de la diputada, quien durante la Fiesta de los Abrazos del Partido Comunista celebró el asesinato de Jaime Guzmán vociferando “¡bien muerto el perro!”.
Si bien Santibáñez pidió perdón a la familia del difunto senador, Celis criticó asegurando que “se trata de disculpas que no tienen valor, cuando son realizadas luego de la filtración del video y en donde sin mediar ninguna provocación o acto que la incitara a decir lo que dijo, lo expresa de una forma consciente y meditada”.
“El video demuestra una actitud reprochable e indignante que transgrede los códigos de conducta a la que estamos obligados por el hecho de ser parlamentarios”, cuestionó el diputado.
Junto con esto, ofició también al Instituto Nacional de Derechos Humanos pidiendo un pronunciamiento de esta instancia, asegurando que los dichos de la parlamentaria “incitan al odio y sobre todo niegan el actuar de Palma Salamanca como un acto terrorista, vulnerador de derechos humanos, tanto para la víctima directa, que finalmente fue asesinada, como para sus familiares”.
En este sentido, Celis argumenta que “nadie y menos una parlamentaria puede hablar con ese nivel de odio por una persona con una ideología distinta a la suya, pero que no cometió crímenes a los Derechos Humanos, sino que fue víctima de uno en democracia”.
“La acción de Santibáñez, va en contra de todas las recomendaciones internacionales, especialmente aquellas efectuadas por Naciones Unidas en orden a proteger los derechos humanos”, aseguró.
“Yo creo que estas conductas no las podemos dejar pasar”, defendió el parlamentario cuando anunció la presentación de los dos oficios, agregando que “el IDNH tiene la obligación de pronunciarse ya que ella con esa expresión está de alguna forma exaltando el terrorismo, justificándolo, promoviéndolo”.
En este sentido, argumentó que al INDH le compete el caso dado que el Congreso forma parte del Estado chileno.
