El contralor General de la República, Jorge Bermúdez, cesó finalmente del cargo a la subcontralora, Dorothy Pérez, quien se había negado a dejar su puesto.
Pero pese a la salida “limpia” que ideó Bermúdez, lo cierto es que la pugna entre ambos continuará, ya que la ahora exsubcontralora recurrirá a los tribunales de Justicia.
Recordemos que por medio de un correo electrónico enviado a todos los funcionarios de la institución, el contralor confirmó que definitivamente había cesado en sus funciones a Pérez, la cual se había negado a renunciar.
De hecho, enfrentó al contralor en un correo electrónico en donde a e-mail este lunes en que aseguraba que seguiría ejerciendo sus funciones en su lugar de trabajo, agregando que no ha sido condenada ni sancionada y que su remoción solo puede ser ejecutada por el Pleno de la Corte Suprema y confirmada por el presidente Sebastián Piñera.
Bermúdez, por su parte, aprovechó la comunicación interna para confirmar que el decreto de vacancia en el cargo de Subcontralor ya había sido cursado.
La decisión se conoció en medio de trascendidos sobre una dura pugna entre ambos, especialmente luego que la fiscalía la citara a declarar en calidad de testigo en la causa del fraude en Carabineros o “Pacogate”.
El vínculo de Pérez con el millonario fraude, es que ella era subjefa de la unidad que debía fiscalizar a los uniformados en la época en que se cometieron los ilícitos. Este hecho derivó en un sumario interno que aún está en curso.
Aunque, se sumaron otros roces como el uso de las redes sociales por parte de Contraloría y la creación de corpóreos e ilustraciones de pájaros.
Desde el Gobierno tomaron distancia ante la polémica, pese a que reconocen en privado que es de extrema preocupación.
El ministro del Interior, Andrés Chadwick, llamó a solucionar cuanto antes la situación que viven para que vuelta la repartición a la normalidad.
Para este jueves se espera que Dorothy Pérez se pronuncie sobre la presentación de acciones legales contra la decisión administrativa de Jorge Bermúdez.
De ser así, el caso pasaría a un juicio de amovilidad en la Corte Suprema, con lo cual la decisión sobre su futuro quedará en manos del Presidente de la República.
