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El Segundo Juzgado Civil de Valparaíso designó a un perito independiente para elaborar un informe sobre las viviendas del proyecto El Olivar en Viña del Mar, construidas tras el incendio de 2024. La Constructora San Sebastián busca resguardar evidencia técnica antes de la demolición, en el marco de una potencial demanda contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso. El perito Jaime Andrés Berríos Pozas deberá emitir un informe en 30 días sobre aspectos como calidad de las estructuras, soldaduras, corrosión, normativas sísmicas y resistencia al fuego.
El Segundo Juzgado Civil de Valparaísodesignó a un perito independiente que deberá elaborar un informe técnico sobre las viviendas del proyecto El Olivar, en Viña del Mar –región de Valparaíso-, en el marco de la controversia por la demolición de los inmuebles construidos tras el megaincendio de febrero de 2024.
La medida se enmarca en la solicitud presentada por la Constructora San Sebastián como una medida prejudicial probatoria, previo a una eventual demanda contra el Servicio de Vivienda y Urbanización de Valparaíso.
Juan Pablo Sepúlveda, abogado experto en litigios, explicó el objetivo de este procedimiento, “cuya finalidad es asegurar la existencia o subsistencia de una prueba que podría perderse, alterarse o resultar imposible de rendir posteriormente durante el proceso judicial”.
“Por lo tanto, el objetivo de esta medida no es ganar el juicio, es asegurar los elementos probatorios que corren riesgo de desaparecer, resguardando pruebas relevantes para un litigio futuro, garantizando que puedan ser utilizadas cuando se interponga la demanda correspondiente”, sostuvo.
La empresa busca resguardar evidencia técnica antes de que avance la demolición impulsada por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, argumentando que ésta podría impedir acreditar el estado de las obras en un futuro juicio.
En una resolución anterior, el tribunal acogió parcialmente la petición de la constructora y ordenó la realización de un peritaje técnico, aunque rechazó la solicitud de efectuar una inspección personal al estimar que esa diligencia se limitaría a observaciones estéticas, sin aportar antecedentes relevantes para la controversia.
De esta forma, el Segundo Juzgado Civil resolvió designar como perito al constructor civil Jaime Andrés Berríos Pozas, quien deberá emitir un informe dentro de un plazo de 30 días, contados desde la aceptación del cargo.
El peritaje deberá pronunciarse sobre diversos aspectos técnicos de las viviendas, entre ellos la calidad de la ejecución de las estructuras, la existencia de eventuales soldaduras deficientes, corrosión en elementos metálicos, posibles modificaciones al proyecto estructural, el cumplimiento de la normativa sísmica y de resistencia al fuego, además de otras observaciones planteadas durante la tramitación de la causa.
El arquitecto y decano del Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello (UNAB), Ricardo Abuauad, profundizó en el estándar contemplado en los procesos de edificación.
Recordemos que la constructora San Sebastián sostiene que la paralización de las obras y la decisión de demoler las viviendas constituyen un incumplimiento contractual, recalcando que las observaciones detectadas obedecen al diseño y a especificaciones previamente aprobadas, más que a fallas en la ejecución de los trabajos.
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