Preocupación existe al interior de las filas de Carabineros debido a la demora en el pago del denominado “bono de riesgo”, que debió ser entregado hace seis meses, en enero de este año.

Una serie de denuncias pidiendo reserva de identidad llegaron a BioBioChile, alertando por la demora en el pago del bono que busca compensar el riesgo al que están expuestos los efectivos policiales durante sus labores habituales.

Un recelo que tiene su origen en el férreo control que hay al interior de la institución y que sanciona duramente la ventilación de situaciones internas, por lo que lógicamente los funcionarios evitan hacer públicos sus reclamos ante el riesgo de caer en la temida lista 3 o 4, de eliminación.

Algunos aún recuerdan un caso prácticamente olvidado para la opinión pública, que protagonizó el ahora excabo Hernán Leiva Suazo, quien se hizo conocido luego de aparecer en una entrevista en televisión denunciando una serie de irregularidades al interior de la institución. Su audacia le costó ser dado de baja y acusado de sedición en 2002.

De ahí entonces la reserva con la cual se maneja el descontento, debido a que afecta directamente a la economía doméstica de los carabineros “de a pie”.

Se trata de la Gratificación Especial de Riesgo, asignación no imponible que es entregada a los carabineros rasos, cabo 2º y 1º, y sargento 2º, cuyos montos varían dependiendo del cargo.

De hecho, en el decreto anterior de diciembre de 2016, se especifica que para los policías de las regiones de Valparaíso, Bío Bío y La Araucanía, el monto asciende a un 20% del sueldo; en tanto para Antofagasta, O’Higgins, Maule y Los Lagos, corresponde a un 15%. Mientras, para Arica y Parinacota, Tarapacá, Atacama, Coquimbo, Los Ríos, Aysén y Magallanes, el bono llega a un 10%.

De esta forma, un cabo 2º de la región del Bío Bío, por ejemplo, con un sueldo tributable de $744.030 (según datos de Transparencia) debería recibir un bono mensual de $48.806.

El origen del bono se remonta a 1993, cuando el entonces ministro del Interior, Enrique Krauss, ordenó su pago debido a la supuesta vulnerabilidad a la que estaban expuestos quienes se enfrentaban con grupos subversivos que aún se mantenían operativos en esa época, además de los violentos asaltos a bancos que se habían registrado, según reconoció el propio exsecretario de Estado a TVN.

Según explicaron a BioBioChile desde la Unidad de Comunicaciones de Carabineros, el beneficio se entrega a unos 20 mil efectivos de grados menores sin especialidad, pertenecientes a Orden y Seguridad, es decir, funcionarios de menor rango o llamados coloquialmente carabineros “de a pie”.

Si bien sería inexacto hacer un cálculo debido a que no es un monto fijo para los 20 mil funcionarios, fácilmente se puede inferir en que se trata de un monto millonario.

De acuerdo a la misma fuente, la situación actualmente se encuentra en manos de la Contraloría General de la República, desde donde debe emanar la toma de razón del decreto que autoriza la gratificación especial de riesgo, por lo que la demora no pasa necesariamente por un tema administrativo de Carabineros.

Pero esta no es la primera vez que el órgano contralor interviene en el pago de este bono. En 2016 presentó un informe en donde hizo observaciones por un pago de casi 6 millones de pesos a 34 funcionarios que no cumplían los requisitos para recibir la asignación.

Tras conocer el informe, Carabineros decidió congelar totalmente el pago de esta gratificación hasta subsanar las observaciones, lo que también demoró el trámite.

Este año nuevamente se retrasó el pago que debía comenzar en enero pasado, es decir, hace 6 meses, generando la preocupación entre los funcionarios, debido a que afecta directamente el presupuesto familiar.

Al respecto, el general director, Hermes Soto, confirmó que se pagará el bono de riesgo a todos los funcionarios policiales, una vez que la Contraloría termine de revisar el decreto.

“No hay una decisión de no pagar el bono, hay una tramitación de la forma de pago. Pero el bono está pendiente y se va a pagar”, señaló la máxima autoridad de la policía uniformada.