Doce propiedades y ocho vehículos son parte del patrimonio de Eduardo Durán, líder del Concilio Nacional de Iglesias Evangélicas contra quien se inició una investigación por los presuntos delitos de lavado de dinero e infracciones tributarias.

Estas indagatorias, a cargo de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Zona Oriente, son reservadas y se originaron cuando se dio a conocer su elevado patrimonio a través de un reportaje de La Tercera en 2017.

Según fuentes del caso, el fiscal jefe de la unidad, Felipe Sepúlveda, encomendó a la Policía de Investigaciones (PDI) determinar el origen y monto total de los bienes del pastor evangélico.

Sin embargo, hasta el momento no se han solicitado medidas como acceso a cuentas corrientes, intervenciones telefónicas o la ampliación de la investigación a su hijo, el diputado Eduardo Durán Salinas(RN).

En su defensa, el obispo afirmó que estas acusaciones no tienen fundamentos y advirtió que no hay forma de dar cuenta sus ingresos, ya que la iglesia es un tipo de organización que no tiene el deber de notificar de este tipo de datos a las autoridades.

“Estamos impedidos, no porque quisiéramos, de poder demostrar nuestros ingresos”, manifestó, añadiendo que no podrían emitir boletas, porque la Dirección del Trabajo no reconoce dependencia laboral entre las organizaciones y ministros de culto.

Al respecto, el obispo Emiliano Soto, representante de la Mesa Ampliada de Iglesias Evangélicas, realizó un llamado a vivir en la austeridad. Sin embargo, afirmó que se generan suspicacias e investigaciones cuando los ingresos superan lo normal.

En el mismo ámbito, el Servicio de Impuestos Internos emitió una resolución que obliga a las organizaciones sin fines de lucro, entre ellas organizaciones religiosas, a presentar una declaración jurada anual sobre ingresos, desembolsos y otros antecedentes, cuando tengan ingresos superiores a las 12.000 UF anuales. La primera rendición de este tipo debería ser realizada a más tardar el 29 de junio.