Con penas de entre 61 días a 1 año y medio por el crimen de cohecho sin infracción de deber de cargo y de 1 año y medio a 3 años por cohecho como incentivo para violar deber de cargo, Chile se ubicó en el último puesto de los 16 países analizados y comparados por la fundación Ciudadano Inteligente.

Considerando que actualmente se discute un proyecto para modificar el Código Penal y aumentar las penas en un grado en los delitos de soborno -cuando un particular le ofrece un beneficio económico a un empleado público- y el de cohecho -cuando el funcionario acepta la oferta-, el estudio tomó en cuenta también éste escenario.

Encontró que, de concretarse dicho aumento, Chile sólo subiría 1 puesto en el ranking, superando a Costa Rica y quedando por debajo de España.

Octavio Del Favero, coordinador legislativo de Ciudadano Inteligente, acotó que “el aumento que se propone en el proyecto de ley es absolutamente insuficiente. Los cambios propuestos están lejos de alcanzar los estándares internacionales y de permitir que se obtengan condenas efectivas de acuerdo a nuestro sistema penal”.

El estudio comparativo, desarrollado en el marco del proyecto No más Cohecho, analizó 16 países, entre vecinos y desarrollados, incluyendo Estados Unidos, Perú, Brasil, Canadá, Argentina, Colombia, España, Japón, Costa Rica, entre otros.

Pasando a comparar las penas por cohecho con otros crímenes dentro de la legislación chilena, el panorama es igual de desalentador: es igual de grave que robar pelaje, plumaje o lanas de un animal (que se castiga con 61 días a 1 año y medio).

Con la nueva ley, en tanto, pasaría a tener las mismas penas que la violación de sepulturas, que causar daños graves a animales y que abrir correspondencia ajena.

“La nueva legislación tampoco resuelve una de las principales trabas que ha tenido el Ministerio Público para perseguir los casos Penta, SQM y Corpesca“, agregan desde la fundación a través de un comunicado.

“Esto, porque no incorpora una hipótesis de cohecho de mera actividad, es decir, que se puedan sancionar casos sin que sea necesario acreditar que ese pago en particular se hizo con la intención de conseguir alguna ventaja”.