La justicia sobreseyó este martes, en el marco del denominado caso Penta, a Santiago Valdés, exadministrador electoral de la primera campaña presidencial de Sebastián Pïñera. Sin embargo sólo se trata de una parte de los cargos que pesan en su contra como presunto facilitador de facturas falsas.
La decisión fue adoptada por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, que acogió la solicitud de la defensa de Valdés, exgerente de Bancard y otrora uno de los hombres más cercanos al mandatario en temas de negocios.
El sobreseimiento aplica respecto de 10 facturas falsas facilitadas en 2010 a Tax Andes, Aguas Andinas, Inversiones Pampa Calichera y Asesorías e Inversiones Lingue, por un monto total de 123 millones 400 mil pesos.
El juez Fernando Valderrama argumentó que la prescripción de la acción penal se vencía en abril de 2015, en circunstancias que el imputado había sido recién formalizado por estos hechos en agosto de 2017. Cabe destacar que el Servicio de Impuestos Internos se querelló en abril de 2017, 7 años después de emitidas las facturas.
A pesar de la prescripción Rodrigo Zegers, abogado del exgerente de Bancard, dijo que a su cliente no le cabe responsabilidad ya que los hechos no constituyen delitos, ni existe un actuar punible.
Cargos pendientes
Sin perjuicio de todo lo anterior, Valdés aún enfrenta cargos en el caso Penta, se mantiene acusado en la arista principal, por facilitación de facturas ideológicamente falsas por cerca de 366 millones de pesos a SQM.
Como las acusaciones en su contra derivan al principio del caso, a comienzos de 2015, la investigación de su participación no fue derivada al fiscal de Valparaíso Pablo Gómez. Valdés también mantiene cargos por un contrato forward presuntamente fraudulento de 49 millones de pesos, entre 2009 y 2010.
Por último, el fiscal Felipe Sepúlveda, señaló que este fallo no perjudica al resto de la investigación, ya que se trata del caso particular de Valdés y no tiene relación con otras causas. La prescripción se discute respecto de cada imputado, concluyó.
El Ministerio Público cuenta con 5 días de plazo para apelar.
