Carmen Gloria Drago, madre del diputado Giorgio Jackson, se refirió a la información que circuló este martes asegurando que fue suspendida de su cargo como directora de Recursos Financieros de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, Junji.
“No he recibido notificación formal de esta medida, que entiendo sería temporal y excepcional. Apenas reciba notificación solicitaré las razones esgrimidas por la autoridad de turno que justifiquen que dicha decisión proceda de conformidad a la ley”, digo Drago.
Por medio de un comunicado, la funcionaria pública agregó que no se había referido a las acusaciones “por considerar que las investigaciones que se estaban realizando concluirían con aclarar su inocencia”.
Además, afirmó que confía “en el Estado de Derecho y en la garantía de sus derechos fundamentales en el desempleo de la función pública, los que deben ser respetados frente a denuncias que responden a intereses muy diversos a los que se declaran por quienes los promueven”.
Aclaraciones
Drago también aclaró algunos aspectos que, dijo, considera importantes.
Según su versión, el fiscal instructor del sumario administrativo, iniciado en noviembre del año pasado, en marzo del presente recomendó su sobreseimiento junto a otra jefatura acusada.
Luego, destacó, tras el cambio de Gobierno la nueva administración decidió reabrir el sumario cambiando el fiscal, quien sería el actual Encargado de Relaciones Gremiales de la Junji, es decir, el encargado de la relación con los denunciantes. Luego la Ajunji amplió las denuncias provocando un segundo sumario.
El 2 de mayo, aseguró la mamá del diputado, pidió a Contraloría pronunciarse para dar garantías para a todos los involucrados en el proceso.
Sobre las denuncias de malos tratos hechas hacia la Asociación Chilena de Seguridad. Drago indicó que la misma institución externa resolvió que no se trata de licencias médicas por malos tratos ni acoso laboral.
Por último, respecto del caso de compra de mobiliario en 2014, la eventualmente suspendida directora recalcó que un informe de Contraloría de 2016 da por subsanadas las observaciones, descartando irregularidades en el proceso de la institución. En materia civil, concluyó, el proceso sigue pendiente en la Corte de Apelaciones, donde la Junji es defendida por el Consejo de Defensa del Estado.
