El fiscal regional oriente, Manuel Guerra, defendió su decisión de dejar sin penas de cárcel a los dueños de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al ex subsecretario de Minería, Pablo Wagner.
En marzo del año pasado, el fiscal los había acusado de soborno y delitos tributarios y, en el caso del exfuncionario público, se sumaba el cargo de lavado de activos, con lo que arriesgaban penas de hasta 10 años de presidio.
El viernes 27 de abril, Guerra ingresó el escrito donde Délano y Lavín aparecieron sin la imputación por soborno y Wagner sin cohecho, recalificado por enriquecimiento ilícito.
Así, los dueños de Penta enfrentarían cuatro años de libertad vigilada y el exsubsecretario dos, más tres sin ejercer cargos públicos, a lo que habría que sumar las multas que calcule el Servicios de Impuestos Internos.
En conversación con Radio Bío Bío, el fiscal Guerra evitó dar detalles de este acuerdo, argumentando que primero lo debe conocer el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago en la audiencia del próximo 13 de junio.
El persecutor defendió esta decisión destacando que deben ser objetivos a la hora de la persecución penal y al evaluar los antecedentes que poseen en la causa.
La semana pasada, la bancada del Partido Socialista, que es querellante en el Caso Penta, presentó un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC) para revertir este acuerdo de salida alternativa al juicio oral.
El abogado que los representa, Enrique Aldunate, explicó que esta facultad de los fiscales deja a los querellantes en detrimento en los procesos abreviados.
Se espera que este martes la Segunda Sala del TC resuelva si acoge a trámite este requerimiento. Si es positiva la resolución, y si las partes lo solicitan, se podrían fijar alegatos para su admisibilidad.
