La bancada del Partido Socialista (PS) decidió impugnar ante el Tribunal Constitucional (TC) el acuerdo entre el fiscal Manuel Guerra y los controladores de Penta Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, y al exsubsecretario Pablo Wagner.
Lo anterior, ya que a los acusados no se le imputará cohecho sino enriquecimiento ilícito; todo a partir de un juicio abreviado acordado como salida alternativa para evitar la cárcel.
El jefe de bancada del PS, Manuel Monsalve, manifestó que ellos como querellantes en el caso Penta no fueron convocados para validar el acuerdo, razón por la cual lo impugnarán ante el TC, porque de esta forma se evita que lo ocurrido en el marco del caso Penta quede en la impunidad, señaló.
Sin embargo, el exfiscal del Caso Penta, Carlos Gajardo, manifestó que no tiene mucha esperanza en una acción ante el TC, asegurando que tiene más confianza en una acción decidida del Consejo de Defensa del Estado para impedir que dicho acuerdo se concrete.
Pero los cuestionamientos al fiscal Gajardo no se remiten sólo a lo resuelto en torno al caso Penta.
También hubo críticas a su decisión de solicitar sólo algunos informes puntuales por asesorías externas en el Senado.
Entre quien manifestaron críticas está el diputado Fidel Espinoza, quien en 2017, cuando fue presidente de la Cámara, debió entregar todos los informes por asesorías externas cuando Guerra así lo solicitó.
Espinoza fustigó al también socialista y presidente del Senado, Carlos Montes, por sostener la tesis de Andrés Zaldívar: de negarse a transparentar todos los informes por asesorías externas.
A juicio del diputado René Saffirio, la decisión del fiscal Guerra sólo viene a poner en práctica la “doctrina” impuesta por Jorge Abbott en el Ministerio Público, en torno a proteger a “delincuentes de cuello y corbata” con el objeto de resguardar los cuórum en el Parlamento.
Respecto del fiscal nacional Jorge Abbott, la diputada del Frente Amplio, Claudia Mix, declaró que la próxima semana deberían tener listo el requerimiento para pedir a la Corte Suprema que destituya al fiscal Abbott, documento que está siendo trabajado por un equipo de seis abogados dada la importancia del cargo que intentan impugnar.
Además, el diputado Saffirio presentó una reforma constitucional para modificar la forma en que se designa al Fiscal Nacional, estableciendo un procedimiento a través del Sistema de Alta Dirección Pública, de manera tal que dicho nombramiento no responda a lógicas políticas.
