Gremios que conforman la mesa del sector público, advirtieron que si el Gobierno no acelera el proceso de negociación anual de reajuste salarial, se movilizarán en las calles en la antesala de las elecciones presidenciales de noviembre y no descartan llamar a que su más de 400 mil funcionarios y sus familias no voten por la candidaturas oficialistas.

El disgusto de los funcionarios públicos con el manejo que ha tenido el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, con respecto al reajuste del sector es evidente.

La idea, según indicaron, es que no se repita lo ocurrido el año pasado, cuando los trabajadores paralizaron sus actividades durante 3 semanas por considerar insuficiente la oferta de 3,2% presentada por el Gobierno, la que finalmente fue aprobada por el Congreso.

Por esto, pujan para que las negociaciones con el Ejecutivo se aceleren y queden resueltas antes del mes de agosto, lo que de no ocurrir, podría devenir en movilizaciones en pleno período de elecciones presidenciales.

Así lo indicó, el presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, quien advirtió que está en las manos de las carteras de Hacienda y Trabajo acercarse al sector, a quien no ha querido recibir pese a que están pidiendo una reunión desde hace 3 meses.

Una versión que fue respaldada por el presidente de la Confederación Nacional de Funcionarios de la Salud Municipalizada, Esteban Maturana, quien señaló que representan a 400 mil personas y sus familias.

Una cifra no menor, que además de movilizarse en las calles, también lo podría hacer en las urnas, por lo que instó a la presidenta Michelle Bachelet a tenerlo en consideración.

En tanto, el presidente de la asociación Nacional de Empleados Fiscales, Carlos Insunza, puso paños fríos y señaló que no es sano avanzar en criterios desde la organizaciones, si estas no han sido debatidas por todos los incumbentes.

No quisieron adelantar plazos, pero el escenario ideal, según indicaron, desde la conducción de los gremios, es avanzar en los acercamientos y tener el petitorio resuelto y ya en conocimiento del Gobierno antes de dos meses.