Una caída en la inversión en el rubro sanitario anticiparon concesionarios del sector ante el avance en el Congreso del proyecto que modifica la legislación que regula tarifas y prestaciones de dichas compañías.
La iniciativa estipula que la Superintendencia de Servicios Sanitarios pueda nombrar dos expertos, en lugar de uno, en el caso de la conformación del comité tripartito en caso de diferencias en el acuerdo de precio con las firmas. Además, contempla la eliminación del 7% de rentabilidad mínima garantizada para las compañías.
Ante ello, el presidente de la Empresa Concesionaria de Servicios Sanitarios, Juan Carlos Latorre, señaló que las ganancias aseguradas no son “una concesión especial” para el sector privado.
El proyecto estipula que el proceso de fijación de tarifas debe ser público -incluso- permitiendo a usuarios realizar observaciones a las bases de dicho proceso.
La empresa Aguas Andinas aseguró, a través de un comunicado, que se trata de “un proyecto de ley es un cambio drástico a la normativa vigente e introduce incertidumbres”.
A pesar de ello, el presidente de la comisión de Recursos Hídricos de la Cámara de Diputados, el PC Daniel Núñez, defendió la eliminación de la rentabilidad mínima garantizada.
Junto a ello, el proyecto fija la obligatoriedad de entregar a beneficio de los usuarios un 80% de lo que las empresas recauden por la venta de aguas tratadas, punto que fue destacado por el también integrante de la Comisión de Recursos Hídricos, el diputado UDI, Sergio Gahona.
Desde el ministerio de Obras Públicas afirmaron, por medio de un comunicado, que la iniciativa “cambia condiciones en el proceso de determinación tarifaria que se estiman no adecuadas para mantener niveles de inversión”.
Precisamente, la iniciativa será revisada por la comisión de Obras Públicas del Senado, tras ser aprobado en la sala de la Cámara de Diputados por 108 votos a favor.
