La Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma al Código de Aguas con 62 votos a favor y 32 en contra, siendo despachada al Senado para su segundo trámite legislativo.
El debate se extendió por más de seis horas en la Cámara Baja, con acusaciones de “expropiación” por parte de sus críticos, y la necesidad de limitar temporalmente los derechos de agua, por parte de sus defensores.
Uno de sus principales detractores de la iniciativa, el diputado Sergio Gahona, anunció que desde la Unión Demócrata Independiente presentarán reserva de constitucionalidad respecto a ciertos artículos en la reforma.
Uno de los puntos que causa mayor desencuentro es el cambio del concepto de “propiedad” de derechos de agua, al de “titularidad” sobre derechos de agua.
El Gobierno defiende la idea de que el actual modelo, instaurado en 1981, entrega a los particulares el dominio absoluto del recurso y está focalizado en el uso productivo de las aguas, mientras que la reforma busca priorizar el consumo humano, evitar el acaparamiento, preservar el patrimonio ambiental del país y aumentar las potestades de la Dirección General de Aguas.
En cuanto a los derechos de aprovechamiento, estos dejan de ser perpetuos y se fija un máximo de 30 años para su otorgamiento. La reforma además establece que los derechos pueden ser revocados en caso de que el recurso no sea utilizado: 4 años para el uso consuntivo (en que el agua no vuelve al cauce) y 8 años para el uso no consuntivo (principalmente hidroeléctricas).
El presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Carlos Diez, planeó que el proyecto constituye una confiscación y privación de los derechos de agua abiertamente inconstitucionales, según dijo en la Comisión de Agricultura de la Cámara.
Agregó que se privará de sus derechos de propiedad a quienes no tienen inscritos sus derechos en el Conservador de Bienes Raíces, lo que afectaría principalmente a los pequeños agricultores.
¿En qué se usa el agua?
El dirigente consideró necesario que se mantenga la palabra “dueño” en la ley y que el derecho de aprovechamiento no se estructure en la modalidad de concesiones que establece el proyecto, pues son ellos quienes asumen los riesgos, planteó en la Comisión.
El ministro de Agricultura, Carlos Furche, resaltó que el proyecto evita la especulación con los derechos de agua al establecer plazos de caducidad y que responde al proceso de adaptarse al cambio climático, que ya presenta efectos en nuestro país.
Además, resaltó que el cambio en los derechos de agua no será retroactivo, sino que para las solicitudes que se realicen desde la promulgación de la ley.
Con el anuncio del diputado Gahona, el proyecto sería evaluado en el Tribunal Constitucional al concluir su tramitación en el Congreso.
