El controlador indirecto de SQM, Julio Ponce Lerou, presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional contra la multa de casi 70 millones de dólares cursada por la Superintendencia de Valores y Seguros, en el marco del caso Cascadas.

La sanción de la SVS era el resultado de una serie de infracciones a la Ley de Mercado de Valores y de Sociedades Anónimas por actuaciones y operaciones irregulares ocurridas en 2010 -a partir de septiembre- y durante el año 2011.

En particular, la acción interpuesta por el exyerno de Augusto Pinochet alude al artículo 29 de la ley orgánica de la SVS que establece que “a su elección, podrá fijar su monto de acuerdo a los límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular”.

La acción ocurre luego que Roberto Guzmán Lyon, exgerente general de la minera no metálica, también sancionado por la SVS, recurriera al Tribunal Constitucional acusando un actuar arbitrario por parte de la entidad encabezada por Carlos Pavez.

El TC acogió el recurso del abogado Gabriel Zaliasnik y definió que el tope máximo legal para un multa del organismo regulador a un natural es de 15 mil UF y del doble en caso de reiteración, recurso al que Ponce Lerou también pretende acogerse.

A esta maniobra se sumaron Manuel Bulnes, ex gerente de Larraín Vial y Felipe Errázuriz, ex ejecutivo de la corredora, ambos sancionados en el caso Cascadas.

Caso Cascadas

En septiembre de 2014, según señala la Superintendencia de Valores y Seguros, “se pudo constatar la existencia de una secuencia de operaciones de compra y venta de acciones, con patrones comunes y reiterados en el tiempo y con el concurso de los mismos participantes, estableciéndose de esta forma la existencia de un esquema coordinado de operaciones”.

Junto a ello, plantea que “este esquema benefició directa y económicamente al presidente de las Sociedades Cascada, Julio Ponce Lerou, y a personas cercanas a él que participaron de diversas formas en dicho esquema, a través de Sociedades Relacionadas, Vinculadas e Instrumentales, todo en desmedro económico y contra el interés social de las Sociedades Cascada, las que, además, tenían otros inversionistas como los fondos de pensiones y fondos de inversión”.

El hecho concluyó con la aplicación de sanciones de multa, que en su conjunto ascendieron a más de cuatro millones de unidades en fomento en el marco del cierre de la investigación del denominado caso Cascadas.