Los talibán han hecho caso omiso a las críticas internacionales por este tipo de castigos públicos, exhibidos habitualmente ante ciento de personas como método de disuasión. Esta misma exhibición se utiliza también para las ejecuciones.
Arrodillado frente a un juez con turbante en la diminuta sala del Tribunal de Apelación de Ghazni, este de Afganistán, un anciano sentenciado a muerte por asesinato implora por su vida.
El hombre de 75 años admite que mató a tiros, por venganza, a un familiar debido a rumores de que había mantenido relaciones sexuales con su nuera.
“Hemos hecho las paces entre familias”, suplica. “Tengo testigos que pueden demostrar que hemos acordado una compensación”, añade.
Sin embargo, en virtud de los castigos estipulados por la sharia, que sigue el principio del ojo por ojo, el hombre se enfrenta a una ejecución pública a manos de un familiar de la víctima.
La Agence France-Presse pudo observar en un tribunal de Ghazni como se administra la justicia islámica, después de que el líder talibán Hibatullah Akhundzada ordenara el mes pasado administrar estos castigos.
Tras la caída del primer régimen talibán en 2001 se invirtieron cientos de millones de dólares para erigir un nuevo sistema judicial, que mezclaba el derecho islámico y el secular.
Fiscales, abogados y jueces calificados se incorporaron a la justicia, además de numerosas mujeres que aportaron más equilibrio de género a los tribunales de familia.
Pero todo se desmoronó con el regreso de los talibanes en agosto de 2021, que impusieron nuevamente un sistema supervisado por clérigos.
La ley islámica, o sharia, es un modelo de conducta seguido por musulmanes en todo el mundo, que ofrece consejo sobre aspectos como el recato, las finanzas o la delincuencia.
Sin embargo, los talibanes afganos aplican una de sus interpretaciones más extremas, que incluye la pena capital y castigos físicos poco habituales en otros países musulmanes.
La diferencia entre el sistema anterior y el actual “es tan grande como entre la tierra y el cielo”, dice Mohiuddin Umari, responsable del tribunal de Ghazni.
“Dios nos guía”
Los funcionarios celebran sus audiencias en una pequeña sala anexa, con los participantes sentados en una alfombra.
El joven juez, Mohammad Mobin, 34 años, escucha impertérrito antes de lanzar sus preguntas.
Tras escuchar las súplicas, el juez convoca una nueva audiencia en unos días para dar tiempo al acusado de recoger testigos que corroboren su versión.
“Si lo demuestra, el juicio puede revisarse”, dice Mohammad Mobin. Si no, “es seguro que la ‘qisas’ (el principio islámico del ojo por ojo) consagrado en la sharia se aplicará”.
Desde el regreso de los talibanes al poder se emitieron una docena de sentencias de muerte en la provincia, pero por el momento no se ejecutó ninguna, indicó Mobin.
Si el anciano pierde el recurso, el caso irá al Tribunal Supremo de Kabul y en última instancia al líder supremo Akhundzada que ratifica todas las penas capitales.
Esto ocurrió a principios de diciembre en la ciudad occidental de Farah, donde los talibanes realizaron su primera ejecución pública de su segundo régimen.
“Transparencia”
El responsable judicial de Ghazni, Umari, asegura que la sharia es mejor que el sistema anterior y defiende la “transparencia” de la nueva administración.
De hecho, muchos prefieren la sharia en casos civiles porque los ven menos proclives a la corrupción.
Sin embargo, los juristas argumentan que los casos penales tienen más números de errar bajo la sharia.
“Algunos casos, si se deciden rápido, son mejores”, dice un exfiscal, que pide anonimato. “Pero en la mayoría, la velocidad conduce a decisiones apresuradas”, agrega.
Umari asegura que todos los veredictos son revisados en profundidad y que “si un juez se equivoca, se investiga”.
Pero el anciano de Ghazni asegura que no dispuso de abogado durante el recurso, que duró menos de 15 minutos.
