Diputados de Estados Unidos presionaron a su Gobierno para que refuerce su lucha contra la esclavitud sexual en el seno de las fuerzas armadas afganas, según una carta a la que tuvo acceso la AFP.

Los diputados piden que se cree una ley que prohíba destinar ayuda estadounidense a unidades militares extranjeras que cometan estas violaciones de los derechos humanos.

Estas presiones surgen a raíz de un artículo de la AFP difundido en junio que revela cómo los talibanes aprovechan la práctica tradicional del “bacha bazi” (“jugar con niños” en dari, una de las dos lenguas oficiales afganas) para atacar a las fuerzas de la policía.

Según la policía y responsables afganos, los talibanes reclutan a jóvenes prepúberes víctimas de esta práctica para organizar ataques mortíferos en el sur del país.

El diputado Duncan Hunter instó al secretario de Defensa estadounidense, Ashton Carter, a tomar “medidas inmediatas para poner fin a la violación de niños” en Afganistán, donde están desplegados varios miles de militares estadounidenses en apoyo a las fuerzas locales.

El departamento de Defensa respondió la semana pasada a Hunter en una carta, a la que ha tenido acceso la AFP, señalando que se esforzaría en garantizar que los culpables serían castigados.

Según este documento, el general John Nicholson, comandante estadounidense en Afganistán, “confirmó” que se estaban aplicando una serie de consignas.

Estas prevén que “si militares estadounidenses sospechan que miembros [de las fuerzas de seguridad afganas] violan los derechos humanos, incluyendo abusos sexuales a niños, lo tienen que señalar a los responsables [afganos] respectivos”.

Para Hunter, esta respuesta sin embargo está lejos de corresponder a la política oficial de tolerancia cero.

“Como mínimo, el gobierno estadounidense tendría que declarar, como política oficial, que no tolera violaciones de niños, en pleno despliegue de las tropas estadounidenses, e imponer exigencias sobre la forma en que se efectúan las acusaciones y las pruebas”, declaró el parlamentario a la AFP.

“Hasta ahora, nada se ha puesto en marcha, aparte de una simple obligación de informar de los hechos”, añadió.