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Juan Carlos I de España lleva casi seis años viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, tras una serie de escándalos financieros que incluyeron cuentas secretas en Suiza y la pérdida de su pensión anual. Recientemente, tras la desclasificación de documentos secretos sobre el intento de golpe de Estado de 1981, el exmonarca afirmó que acabará siendo reconocido. Sin embargo, su regreso a España se ve complicado por requisitos fiscales y problemas financieros, incluyendo la pérdida de millones en un conflicto con Corinna Larsen.
Existe una tradición en las monarquías europeas que, como buen juego de mesa, tiene una regla inviolable: el rey siempre vuelve al tablero. Puede perder piezas, puede verse arrinconado, puede incluso quedar en jaque. Pero eventualmente regresa al centro, porque para eso es el rey.
A menos, claro está, que el rey haya decidido mudarse a Abu Dabi.
Juan Carlos I de España lleva casi seis años viviendo en los Emiratos Árabes Unidos, un país que si bien carece de democracia parlamentaria, compensa con creces en aire acondicionado, yates y la tranquilizadora ausencia de periodistas de investigación tocándole el timbre.
Llegó con 83 años; hoy tiene 88, se desplaza en silla de ruedas y ha tenido que adaptar su residencia en la isla de Zaya Nurai. Se fue en agosto de 2020, oficialmente por voluntad propia, tras una sucesión de escándalos financieros que incluyeron cuentas secretas en Suiza, regularizaciones tributarias por casi cinco millones de euros y el pequeño detalle de que su propio hijo, Felipe VI, le retiró la pensión anual de 194 mil euros y renunció a su herencia. Una cena de Navidad incómoda, por decir lo menos.
Pero este jueves, algo cambió. Según una exclusiva publicada por El Mundo, Juan Carlos se levantó “pletórico” (o sea, muy alegre) en Abu Dabi. Los mensajes no cesaban de llegar. La mayoría le remitía artículos en los que se celebraba su papel frustrando el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, tras la desclasificación de 153 documentos secretos por parte del Gobierno español.
La respuesta del viejo monarca fue tan directa como cabría esperar de alguien que lleva décadas sin rendir cuentas ante un congreso: “Al final van a reconocer lo que hice. Voy a acabar ganando”.
Y como si el guión lo hubiera escrito un dramaturgo con agudo sentido del timing, Antonio Tejero —el teniente coronel que irrumpió pistola en mano en el Congreso aquel día de 1981— murió prácticamente al mismo tiempo que se abrían los archivos. La coincidencia fue tan cinematográfica que sólo faltó la banda sonora de Ennio Morricone.
Los papeles que absuelven (a medias)
Los documentos desclasificados, lejos de aportar revelaciones que hicieran temblar los cimientos de la narrativa oficial, la confirmaron. Juan Carlos I fue quien frenó el golpe. Los archivos del CESID —la inteligencia española de la época— detallan cómo el entonces monarca impidió que el general Alfonso Armada llegara a La Zarzuela, o cómo ordenó a Milans del Bosch retirar los tanques de las calles de Valencia con una frase que no deja espacio a la ambigüedad —“Cualquier golpe de Estado es contra el Rey”—, y cómo juró que ni abdicaría la Corona ni abandonaría España.
Cuarenta y cinco años después, se trata de una frase que no envejeció bien, como dicen en redes sociales.
El Mundo reportó que los papeles corroboran la firmeza con la que el Rey enfrentó a los golpistas desde el primer minuto, pese a que ciertos sectores llevaban años alimentando teorías sobre su posible complicidad. Entre los mensajes que Juan Carlos envió aquella noche a los sublevados, según la documentación ahora pública, figuran órdenes directas y la denuncia de que se estaba usando su nombre sin su consentimiento.
Para el New York Times, los papeles no contenían revelaciones “impactantes”. Para el
conservador The Times de Londres, directamente “limpian” al emérito.
Por su parte, la editorial de El Mundo no deja dudas sobre su postura: “La dimensión histórica de Juan Carlos I está muy por encima de los errores de su última etapa”. Su contribución a la Transición, al anclaje europeo de España y a la neutralización del golpe del 81 “forma parte del patrimonio común de los españoles”. Una verdad, añade el diario, “que algunos socios del Gobierno de Pedro Sánchez han querido erosionar por interés ideológico”.
Pero como bien apuntó el columnista David Mejía en el mismo medio, hay algo que la reivindicación histórica no puede resolver: “En democracia, ningún servicio prestado te compra la impunidad”. Una frase que debería tatuarse en el escudo de armas de más de un país latinoamericano, dicho sea de paso.
La jugada de Feijóo
Bastaron unas horas tras la desclasificación para que Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se lanzara a la ofensiva. A través de su cuenta en X —y tras avisar a la Casa Real, detalle que El Mundo confirma y que no es trivial— publicó que los documentos debían “reconciliar a los españoles con quien paró el golpe de Estado” y que sería “deseable” el regreso del rey emérito.
En el Congreso, Feijóo reforzó el mensaje subrayando que gracias a Juan Carlos I “hace 45 años que no entra nadie en el Congreso de los Diputados con una pistola”. Un argumento que, si bien es correcto, omite convenientemente que la razón por la cual el emérito vive en Abu Dabi no tiene nada que ver con ese 23F, sino con ciertas “libertades” financieras que se tomó y costaron varios millones de euros en regularizaciones ante Hacienda.
Al PP se sumaron voces como la de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien aseguró que “lo que ha dicho Feijóo lo pensamos la inmensa mayoría de los españoles”, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que calificó el retorno como “una cuestión casi de humanidad”. Incluso el expresidente socialista Felipe González defendió que la actuación del monarca aquella noche fue “no solo ejemplar, sino decisiva”. Pero como ocurre en toda corrida de toros, no todo el ruedo aplaude al torero.
Gabriel Rufián, portavoz de Esquerra Republicana, despachó el asunto con la economía verbal que lo caracteriza: “Los delincuentes, mejor fuera que dentro”. A su juicio, la desclasificación sólo fue “un salseo que todo el mundo podía sospechar”, y remató con un escueto “para este viaje no hacían falta tantas maletas”. Ione Belarra, de Podemos, fue más allá al calificar a Juan Carlos de “delincuente fiscal” y sí, exigir que regresara… pero para ser juzgado.
El Gobierno, por su parte, ejecutó la maniobra favorita de todo gobierno en apuros: decir “paso” (¿les suena?). El ministro Félix Bolaños fue algo más preciso que un simple “no nos incumbe”: la decisión “le corresponde exclusivamente a él y también, en su caso, a la Casa Real”. Lo que en castellano diplomático significa: pregunten en La Zarzuela, que nosotros bastante lío tenemos con lo nuestro.
La letra chica de La Zarzuela
Y entonces habló La Zarzuela. O más bien, matizó. Doce horas después de confirmar que la decisión dependía “exclusivamente” de Juan Carlos, la Casa del Rey añadió el asterisco que ningún monarca querría leer en su contrato. Para regresar de forma estable, el emérito debería “recuperar la residencia fiscal en España”, una condición necesaria “para salvaguardar su imagen y reputación de especulaciones y posibles críticas” y, por extensión, proteger la imagen de la Corona como institución.
La condición puede parecer un mero trámite burocrático, pero como reveló El Mundo en un certero análisis de la situación financiera del emérito, para Juan Carlos I se convierte en un requisito casi imposible de cumplir.
¿Por qué? El régimen fiscal de Abu Dabi es, digamos, un paraíso. En sentido literal y tributario. Cero por ciento de impuesto sobre la renta personal, un IVA irrisorio del 5% y ningún gravamen sobre dividendos o plusvalías para personas físicas. Regresar a España significaría tributar por su patrimonio mundial: cada cuenta, cada ingreso, cada centavo depositado en la fundación Sumer —una entidad creada en Abu Dabi donde, según El Mundo, canaliza sus recursos, incluyendo lo percibido por sus memorias y la venta de derechos para un documental— quedaría bajo la lupa de la Agencia Tributaria hispana.
El propio Juan Carlos se lamentó en sus memorias, tituladas Reconciliación, de ser “el único español” sin pensión ni sueldo tras 38 años de servicio público. No percibe un euro público desde marzo de 2020. Y a diferencia de expresidentes como González, Rajoy o Aznar —que disponen de oficina, secretaría y durante dos años el 80% de su sueldo—, el antiguo jefe de Estado carece de estructura institucional alguna.
Según fuentes citadas por El Mundo, al emérito le gustaría un “trato especial” por los servicios prestados. Quiere pasar temporadas en España, pero sin convertirse en residente fiscal. El problema es que la aritmética no perdona: pasas más de 183 días al año en suelo español y Hacienda te reclama como propio. De momento, tiene previsto instalarse unos días en la casa de su amigo Pedro Campos en Sanxenxo —para participar en regatas, porque hasta los reyes en el exilio necesitan un hobby—, pero eso no constituye un regreso.
“Como no tengo dinero, necesito monetizar mi legado”, explicó Juan Carlos a su entorno cercano. La “monetización” habría ascendido a unos pocos millones de euros, menos de cinco, entre las memorias publicadas por Planeta y los derechos para una posible serie de Netflix. Reconciliación ha vendido cerca de 250 mil ejemplares en cuatro meses. La encargada de una conocida cadena de librerías en Madrid relató al diario que los compradores eran en su mayoría personas mayores, “o chicos jóvenes que le querían hacer un regalo a su abuelo”. Un perfil que cualquier editorial sueña segmentar.
El fantasma de Corinna y los millones perdidos
Pero la cuestión patrimonial tiene otra capa, más oscura. Según El Mundo, la pérdida de 65 millones de euros vinculados al conflicto con la empresaria alemana Corinna Larsen, su amante, pesó considerablemente en su situación financiera. No todos los que se consideraban sus amigos cuando era jefe de Estado estuvieron dispuestos a ayudarle a pagar lo que le correspondía a Hacienda.
“Los nombres les sorprenderían”, advierte el diario. A Juan Carlos le obsesiona, según las fuentes consultadas por El Mundo, “amasar un patrimonio suficiente para garantizar el bienestar de sus hijas y de sus nietos”. Los años en el extranjero y la incertidumbre marcaron una necesidad que no ha desaparecido, lo que explica su reticencia a abrir las puertas de par en par ante el fisco español.
Un temperamento que no encaja en el molde
Hay una reflexión de David Mejía que me parece especialmente clara: “El temperamento que permitió a Juan Carlos traicionar a Franco era idóneo para desmantelar un régimen, pero quizá inadecuado para habitar un orden constitucional consolidado”. Es una de esas frases que resumen décadas en un párrafo.
Juan Carlos fue necesario en un momento histórico donde España necesitaba audacia. Alguien capaz de recibir los poderes de un dictador y renunciar a ellos. Alguien que, cuando los tanques salieron a la calle, se plantó frente a una cámara en uniforme militar y dijo que no. Ese mismo temperamento —expansivo, imprudente, temerario— fue el que después lo llevó a cacerías de elefantes en Botswana, a relaciones cuestionables con empresarios de medio mundo y a cuentas bancarias que harían palidecer a un contador.
“Un cínico podría decir que los reyes son instrumentos históricos, no ejemplos morales”, escribió Mejía. “Pero en democracia, ningún servicio prestado te compra la impunidad”.
Este análisis contó con la asistencia de Claude, la inteligencia artificial de Anthropic. Se utilizó para investigar datos, los cuales fueron redactados por el autor del artículo, junto con verificar su precisión.
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