Los extranjeros y personas sin ciudadanía serán sancionados con el mismo monto que los rusos, con la particularidad de que en caso de agravantes, como es el uso de internet y medios de comunicación para hacer "propaganda" LGTBQ+, podrán ser expulsados del país.
La Cámara Baja de Rusia adoptó hoy una ley que prohíbe la “propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, donde se deja en el ‘mismo nivel’ a la comunidad LGBT, la pedofilia y la reasignación de género.
Lo anterior, en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine, e introduce multas de hasta 165.200 dólares por vulnerar la legislación.
“Prohibida la promoción de relaciones sexuales no tradicionales. Será sancionada cualquier propaganda de relaciones sexuales no tradicionales”, se dijo.
“También se ha introducido una prohibición a la promoción de la pedofilia y el cambio de sexo. Las multas ascenderán a hasta 10 millones de rublos”, informó la Duma en un comunicado.
Aumento de la homofobia en Rusia
La legislación supone un importante endurecimiento de la ley actual, ya que amplía la prohibición de “propaganda LGBTQ+” entre menores a los adultos.
La víspera la Duma adoptó la legislación en segunda lectura e introdujo además una serie de enmiendas al texto para ampliar su alcance a la pedofilia y la reasignación de género.
El proyecto de ley ha sido duramente criticada por asociaciones LGBTQ+ y organizaciones de defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional (AI).
El organismo señaló tras la primera lectura que la legislación enmendada aumentará la homofobia con el permiso del Estado ruso y que alcanzará un nivel completamente nuevo.
“El nuevo proyecto de ley de “propaganda gay” no solo respalda su discriminación, sino que probablemente también dará lugar a un aumento de los ataques violentos”, sostuvo la directora para Europa del Este y Asia Central de AI, Marie Struthers.
“La amenaza de políticas liberales de occidente”
Unos 400 diputados, incluido el presidente de la Duma Viacheslav Volodin, participaron en la redacción de la ley.
Se justificó hoy en la Cámara Baja como una “solución que protegerá a nuestros niños, el futuro del país, de la oscuridad que se extiende por EEUU y los Estados europeos”.
La legislación, que ahora pasa al Senado, considera propaganda “la difusión de información o acciones públicas dirigidas a la formación de actitudes sexuales no tradicionales, su atractivo y de ideas distorsionadas”.
El texto introduce la prohibición de “la propaganda de relaciones no tradicionales”, la pedofilia, así como la prohibición de la difusión de información sobre las personas LGBTQ+ en los medios de comunicación, internet, la publicidad, la literatura y el cine.
También están prohibidos en Rusia los “llamamientos” al cambio de sexo entre adolescentes en estos medios de difusión.
Además, establece la prohibición de emitir un certificado de distribución a una película que contenga materiales que promuevan relaciones y preferencias sexuales “no tradicionales”.
La ley asimismo prevé la introducción de un mecanismo que restrinja el acceso de los niños a escuchar o ver información LGBTQ+ en servicios de pago, de manera que se exigirá la introducción de un código u otro tipo de medida para confirmar la edad del usuario.
Al mismo tiempo, se prohíbe el acceso a la información LGBTQ+ a los menores de 18 años.
La legislación establece además la prohibición de la venta de bienes, incluidos los importados, que contengan información LGBTQ+.
Cuantiosas multas
Por otra parte, la ley introduce multas por la “propaganda” LGBTQ+ para los ciudadanos de hasta 1.650 dólares, que ascenderán al doble si se trata de funcionarios.
La misma “falta” incurrida por una persona jurídica acarreará una multa de 16.650 dólares.
Estas sanciones se multiplicarán por dos en caso de propaganda LGTBQ+ entre menores.
Las mayores multas serán impuestas por “propaganda” de la pedofilia, que para los ciudadanos serán de hasta 6.600 dólares y que se multiplican si los sancionados son funcionarios.
Para personas jurídicas la sanción económica asciende a hasta 165.200 dólares.
En determinados casos las personas jurídicas podrán ser castigadas hasta con 90 días de suspensión de actividades.
