El primer ministro británico, Boris Johnson, fustigó el lunes la “extraordinaria amenaza” blandida por la Unión Europea si fracasan las negociaciones comerciales posbrexit para defender su intención de modificar el acuerdo de Brexit que provoca una rebelión en sus propias filas.
“Amenazan con imponer fronteras aduaneras a través de nuestro propio país” entre Gran Bretaña e Irlanda del Norte “y dividir nuestras propias tierras”, lanzó Johnson ante la Cámara de los Comunes al abrir los debates de su controvertido “proyecto de ley de mercado interno”.
Aprovechando una armonización posbrexit del comercio entre las cuatro naciones del Reino Unido, este texto modifica la aplicación de tarifas y controles aduaneros en Irlanda del Norte previstos por el acuerdo de divorcio con la UE.
Ese tratado internacional, vigente desde que el Reino Unido salió de la UE el 31 de enero, prevé un dispositivo por el cual esa provincia británica mantendrá las reglas del mercado común europeo para evitar reimponer una frontera con la vecina República de Irlanda.
Su objetivo es preservar la frágil paz que reina en la isla desde el Acuerdo del Viernes Santo de 1998 que puso fin a tres décadas de sangriento conflicto entre republicanos católicos y unionistas republicanos.
Las autoridades europeas denunciaron los planes de Johnson como una amenaza a esa estabilidad y le llamaron a retirarlos antes de finales de mes so pena de acciones legales.
Pero él asegura que su intención es precisamente proteger la paz al defender los intereses de los norirlandeses unionistas.
Y llamó a los diputados a defender la “integridad”, la “soberanía” y las “libertades” del país pese a tener para ello que violar el derecho internacional.
Negociación comercial en peligro
Comienza así una nueva crisis político-diplomática en la saga iniciada con el referéndum de 2016 que decidió la salida británica de la UE.
Los cinco ex primeros ministros británicos vivos -John Major, Tony Blair, Gordon Brown, David Cameron y Theresa May- se declararon contra una violación del derecho internacional, que dañaría la reputación del país e incomoda a muchos legisladores del propio Partido Conservador de Johnson.
El parlamento de Westminster rememora así los tiempos de la insurrección conservadora contra el gobierno por el acuerdo de divorcio con Bruselas.
Pero la situación ahora es diferente: Johnson tiene una aplastante mayoría que le permite perder hasta 40 votos en sus filas sin despeinarse.
Al menos una docena de legisladores conservadores expresaron su rechazo, desde el exfiscal general Geoffrey Cox hasta el exministro de Finanzas e Interior Sajid Javid, pasando por el diputado Rehman Chishti, que dimitió como enviado especial de Johnson para la libertad de religión.
Y más de cien pidieron intervenir en el debate del lunes, pese a que la cámara estaba casi vacía por las medidas contra el covid-19 y con muchos diputados siguiéndola en línea la sesión carecía de la pasión y los gritos que caracterizaron los agitados intercambios de años pasados.
“Tenemos el poder colectivo de frenar al primer ministro en este acto de locura”, lanzó el nacionalista escocés Ian Blackford, señalando el riesgo de pedir a la reina que firme una ley que violaría el derecho internacional.
Los diputados votarán el texto por primera vez bien entrada la noche.
El presidente de la cámara aceptó una enmienda del líder de la oposición, el laborista Keir Starmer, que busca parar los pies al gobierno pero previsiblemente debía fracasar permitiendo que el texto pase a la próxima etapa.
El momento álgido llegará en próximo lunes, cuando el líder de la rebelión conservadora, Bob Neill, presente otra enmienda que busca quitar la última palabra sobre Irlanda del Norte al gobierno para dársela al parlamento.
Habrá que ver entonces cuántos rebeldes conservadores se adhieren a ella.
Este retorno de la tensión parlamentaria tiene lugar mientras al Reino Unido y la UE se les echa el tiempo encima en la negociación de un acuerdo de libre comercio que rija sus relaciones tras el 31 de diciembre.
Estancadas desde haces meses, las conversaciones, que se reanudan esta semana en Bruselas, se ven ahora más amenazadas y más cerca de desembocar en una ruptura brutal en diciembre.
