El jefe de gobierno Pedro Sánchez comenzó este miércoles una negociación con los independentistas catalanes para tratar de reconducir una crisis que dura años y de la que depende su estabilidad en el poder en España.
El dirigente socialista recibió a las 16:30 (12:30 de Chile) al presidente regional de Cataluña, el independentista Quim Torra, con quien se dieron un cordial apretón de manos antes de entrar a la sede del gobierno central enn Madrid, decorado con banderas españolas y catalanas.
Previamente, el resto de participantes pasearon por los jardines del palacio de la Moncloa, donde quieren intentar reencausar el conflicto que tuvo su punto cúlmine en la tentativa de secesión de octubre de 2017.
Los independentistas organizaron entonces un referéndum de autodeterminación ilegal y proclamaron una fallida república catalana que sacudió España y llevó a los líderes catalanes a la cárcel o el exilio.
Pese a la cordialidad, ninguna de las partes augura grandes resultados tras este primer encuentro.
Iniciar este foro de diálogo es la condición de uno de los dos grandes partidos separatistas, la Izquierda Republicana de Cataluña (ERC), para sostener al gobierno en minoría de Sánchez y eventualmente apoyar sus presupuestos para 2020.
La luz verde a estas cuentas, que deberían permitir un aumento del gasto social, daría aire al jefe de gobierno socialista en la legislatura, con la posibilidad de prorrogar estos presupuestos en los ejercicios posteriores.
En cambio, un fiasco lo acercarían a la convocatoria de elecciones anticipadas, como ya hizo en 2019 cuando los independentistas catalanes le retiraron su apoyo.
Reforma del código penal
Las partes no acordaron ni objetivos ni orden del día para la reunión.
El gobierno regional reclama el derecho a organizar un referéndum de autodeterminación y lo que llaman “el fin de la represión”, es decir, una amnistía para los condenados y los exiliados por el intento de secesión de 2017.
Desde el ejecutivo español, descartan una votación sobre la independencia de esta región nororiental y tampoco plantean amnistiar a los exdirigentes catalanes.
Para Madrid, lo importante es analizar las causas de la crisis política que en apenas diez años ha convertido la independencia de Cataluña, antes reclamada por una minoría, en una causa apoyada por casi la mitad de los catalanes.
“El mejor orden del día es sentarse, escucharnos, simplemente y escucharse mutuamente”, señaló el martes la número dos del gobierno, Carmen Calvo.
Pero el gobierno formado por los socialistas y la izquierda radical Podemos prepara un gesto significativo: modificar desde este año en el código penal el delito de secesión para reducir su condena.
Si se aprobara, las largas penas que purgan actualmente nueve dirigentes separatistas por los hechos de 2017, entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras, se recortarían retroactivamente.
Ante la oposición de la derecha que denuncia un “indulto encubierto”, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, argumentó que el delito de secesión se introdujo en 1822, en un contexto histórico distinto, y contempla unas penas “inusitadamente altas” respecto a los países vecinos.
