Diputados de la oposición irrumpieron el lunes en la sede de la televisión pública húngara en Budapest para exigir la difusión de sus reivindicaciones, que según ellos están censuradas, en el sexto día de protestas contra el primer ministro Viktor Orban por una reforma laboral calificada de “esclavista”.
Tras casi 24 horas en el edificio, la docena de parlamentarios que se habían introducido en los locales de la televisión pública MTVA aceptaron salir a petición de la policía, aunque no habían obtenido lo que reclamaban.
“Pisaron la democracia”, declaró a la salida uno de ellos, Péter Niedermüller, del partido liberal DK. “Pero vamos a seguir movilizados”, aseguró ante las 3.000 personas que se desplazaron para apoyarlos.
Las protestas empezaron el miércoles, con la adopción de una polémica ley laboral, que ha cristalizado el descontento de una parte de la opinión contra el gobierno nacional-conservador de Orban. El domingo estas manifestaciones congregaron hasta 15.000 personas.
Esta ley autoriza a que los empleadores puedan pedir a sus asalariados hasta 400 horas extras al año —el equivalente de dos meses de trabajo— y pagarlas en un plazo de tres años. La oposición y los sindicatos denuncian “una ley esclavista”.
Considerada como un punto neurálgico del poder, la MTVA es acusada de estar manipulada por el partido Fidesz de Orban y de presentar una información sesgada.
La MTVA “no es la televisión privada del Fidesz, sino la televisión del pueblo húngaro, financiada con sus impuestos”, afirmaron los parlamentarios que habían irrumpido en los locales.
“Queremos hablar de la libertad de prensa y transmitir las demandas de miles y miles de manifestantes contra la ley esclavista”, explicó el diputado y líder socialista Bertalan Toth.
Por primera vez desde la llegada al poder de Orban, en 2010, toda la oposición, desde la extrema derecha hasta los socialistas, pasando por los liberales, se manifestó junta el domingo, y siguió en bloque el lunes.
A menudo criticado por la Unión Europea por su estilo autoritario y sus ataques a la independencia de la justicia y a los medios, Orban no había enfrentado unas protestas de este alcance desde abril de 2017, cuando unas 40.000 personas se manifestaron contra una ley dirigida contra la Universidad de Europa Central, financiada por el magnate liberal estadounidense George Soros.