La embajadora de Estados Unidos en Nicaragua, Laura Dogu, afirmó que sin elecciones “libres” y un “cambio” en el sistema político, el país no podrá superar la crisis que vive desde hace seis meses por la represión a las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega.
“No habrá un retorno a la normalidad sin un cambio transformador que incluya elecciones libres, la separación de poderes, el estado de derecho y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos”, dijo Dogu durante un encuentro con la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua.
La diplomática afirmó que “2018 ha sido un año tumultuoso” y que “contrariamente a lo que la propaganda del gobierno quiere que se crea, Nicaragua no ha regresado a la normalidad”.
Las protestas contra la administración de Ortega comenzaron el 18 de abril por una fallida reforma al sistema de pensiones que se transformó en una demanda de salida del presidente por la violencia contra los manifestantes.
Los enfrentamientos extendidos en los meses posteriores han dejado al menos 320 muertos, 2.000 heridos, cientos de detenidos bajo cargos de “terrorismo” y otros delitos imputados al amparo de una ley que criminaliza las protestas, así como la migración de miles de nicaragüenses, según grupos humanitarios.
“La fuerza policial ahora aterroriza en lugar de proteger (…) Muchas empresas han cerrado, terrenos han sido tomados y el pronóstico económico indica que ya se está dando una gran contracción después de 10 años de crecimiento continuo”, advirtió Dogu.
Consideró además que las decisiones de Ortega ya han costado US$500 millones ($346.850.000.000) en recursos al país, la pérdida de 350 mil empleos y un “retroceso” del turismo, una importante fuente de divisas.
“Lamentablemente no veo señales de que el presidente Ortega o la vicepresidenta (y primera dama Rosario) Murillo estén dispuestos a considerar una solución negociada”, agregó.
Según Dogu, tal negativa podría dar lugar a sanciones de Estados Unidos, principal socio comercial de Nicaragua, y una reducción del acceso a préstamos multilaterales, que en 2017 “financiaron el 24% del presupuesto del gobierno nicaragüense”.
“Sin una solución política a la crisis, Nicaragua podría estar renunciando a todo futuro financiamiento multilateral por un tiempo indefinido, lo cual traerá duras consecuencias”, dijo Dogu.
Ortega, cuyo partido controla el aparato estatal, ha rechazado reanudar el diálogo con la oposición o adelantar las elecciones del 2021 al 2019.
