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La Fiscalía de Corea del Sur imputó al presidente Yoon Suk-yeol el delito de insurrección, acusándolo de liderar una conspiración y abusar de su poder al decretar la ley marcial el 3 de diciembre, convirtiéndose en la primera imputación a un presidente en funciones bajo arresto en la historia del país. Yoon, detenido desde el 15 de enero, arriesga cadena perpetua si es declarado culpable. La investigación señala que conspiró con el exministro de Defensa para iniciar un motín y enviar tropas al Parlamento. Paralelamente, el Tribunal Constitucional evalúa si ratifica su destitución, lo que podría llevar a elecciones anticipadas en un plazo máximo de 60 días.
La Fiscalía de Corea del Sur decidió imputar este domingo al presidente Yoon Suk-yeol el delito de insurrección, por liderar presuntamente una conspiración y abusar de su poder al declarar la ley marcial el pasado 3 de diciembre.
La imputación, que supone la primera en la historia de Corea del Sur para un presidente en el cargo y bajo arresto, llega dos días antes de que expire el período de detención decretado para que el mandatario sea interrogado por las autoridades.
Yoon, que permanece bajo arresto preventivo desde el 15 de enero, ha sido imputado a petición de la Oficina para la Investigación de Casos de Corrupción de Altos Funcionarios (CIO), el organismo que lidera la investigación penal sobre el mandatario por haber decretado fugazmente la ley marcial.
La Fiscalía ha decidido proceder con la imputación tras analizar las pruebas disponibles sobre el caso y ponderar que se trataba de la mejor opción antes de que expirara el plazo de detención de Yoon.
La investigación impulsada por la CIO establece que Yoon conspiró con el entonces ministro de Defensa Nacional, Kim Yong-hyun, y otros militares para iniciar un motín declarando la ley marcial la noche del 3 de diciembre. También lo acusan de abusar de su poder al enviar tropas a la Asamblea Nacional (Parlamento) para impedir que los diputados revocaran el decreto de Yoon.
En caso de que el mandatario sea hallado culpable de liderar una insurrección, podría ser condenado a cadena perpetua. La constitución también contempla la pena de muerte para este delito, pero existe una moratoria en el país desde 1997, por lo que no podría aplicarse.
En paralelo a este caso penal, el Tribunal Constitucional está celebrando un juicio político para determinar si ratifica o no su destitución aprobada por el Parlamento el 14 de diciembre. Si el máximo tribunal surcoreano confirma su inhabilitación, deberán convocarse elecciones presidenciales anticipadas en un plazo máximo de 60 días tras el fallo de la corte.
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