Alrededor de 800 militares, entre ellos algunos de alto rango, han desertado del Ejército birmano desde el golpe de Estado del 1 de febrero y la mayoría de ellos se han unido a la resistencia contra la junta militar, asegura un antiguo capitán.
Lin Htet Aung, quien desertó de las filas castrense en marzo y pasó al formar parte del Movimiento de Desobediencia Civil contra los militares, declaró al portal Myanmar Now que el 75 % de los desertores se han unido a la Fuerza para la Defensa Civil, la milicia formada en abril por el opositor Gobierno de Unidad Nacional
El exmilitar birmano mantiene que a más soldados les gustaría abandonar las filas, pero que muchos desisten por miedo a las represalias contra sus familiares.
Según Lin Htet Aung, algunos de los desertores han viajado a zonas fronterizas para instruir a civiles que han huido de las ciudades y que pretenden combatir a la junta militar con las armas.
Muchos de estos campamentos de formación se encuentran en regiones controladas por las guerrillas étnicas que combaten al Ejército, como el estado Karen o en el estado Karenni, ambos en el este de Birmania y fronterizos con Tailandia.
Los enfrentamientos entre el Ejército, que según las estimaciones cuentan con un total de 500.000 efectivos, y los rebeldes se han intensificado desde el sublevamiento militar en varios puntos del país, lo que ha provocado que miles de personas se hayan visto obligadas a huir de sus hogares.
Las hostilidades también se han trasladado a Rangún y otras grandes urbes, donde se han registrado un creciente número de ataques con explosivos y armas contra militares o empresas vinculadas al Ejército birmano.
Al menos 857 personas han muerto desde el golpe por la brutal represión de las fuerzas de seguridad contra las manifestaciones pacíficas en oposición al mando castrense, según cifras de la Asociación para la Asistencia de Presos Políticos.
El Ejército birmano justifica el golpe por un supuesto fraude electoral en los comicios del pasado noviembre, en los que arrasó el partido liderado por la nobel de la paz Aung San Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.
