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El apellido Bolsonaro vuelve a estar en el centro de la Justicia brasileña: Jair cumple una condena de 27 años por intento de golpe, mientras sus hijos enfrentan investigaciones y condenas. Flávio suma tres pesquisas, entre ellas por presunto lavado de dinero y financiamiento irregular de campaña, y habría viajado a Estados Unidos tras una solicitud judicial para requisar sus pasaportes. Eduardo fue condenado por coacción y difamación; Carlos es investigado por espionaje y desvío de salarios, y Jair Renan fue denunciado por lavado y falsedad documental.
El nombre de la familia Bolsonaro se volvió habitual en los expedientes de los tribunales en Brasil y ahora gana dimensión con las investigaciones abiertas en torno al excandidato presidencial Flávio Bolsonaro.
Tanto el expresidente Jair Bolsonaro, como sus cuatro hijos varones -Flávio, Carlos, Eduardo y Jair Renan- han sido objeto de investigaciones, enjuiciamientos o condenas por cargos muy variados en los últimos años.
Las polémicas de la familia Bolsonaro
El expresidente de 71 años recibió en 2025 una condena de 27 años de prisión por el intento de golpe de Estado tramado tras su derrota en las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva.
Antes de ser condenado en firme, cuando estaba bajo prisión domiciliaria, Jair trató de fugarse quemando con un soplete su tobillera electrónica.
El capitán retirado del Ejército cumple su pena bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud y esperaba que una eventual victoria de Flávio, su primogénito, en las elecciones del pasado domingo le valiera un indulto.
En las próximas semanas, la Corte Suprema analizará un recurso interpuesto por el exmandatario con el objetivo de anular la condena, para lo que alega irregularidades en la cadena de custodia de pruebas utilizadas durante el juicio.
Las esperanzas de la liberación de Jair se desplomaron con la derrota electoral de Flávio que, a menos de 48 horas del final del escrutinio, se fugó a los Estados Unidos después de que el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes solicitara requisar sus pasaportes.
El excandidato presidencial ya afrontaba dos investigaciones, a las que se sumó una tercera por la posible financiación irregular e injerencia extranjera de su campaña.
En el primero de los casos, le investigan por presunto blanqueo de capitales y evasión de divisas durante la búsqueda de financiación de ‘Dark Horse’, una película biográfica sobre su padre.
Admitió haber solicitado 134 millones de reales (unos 26 millones de dólares) de Daniel Vorcaro, antiguo dueño del Banco Master y actualmente en prisión preventiva por un enorme fraude financiero, al que en varios audios intervenidos se refería como “hermano”.
Por otro lado, en vísperas de la segunda vuelta electoral, la prensa brasileña reveló una segunda causa por lavado de dinero, que está bajo secreto de sumario.
El protagonista es Willer Tomaz, abogado y amigo de Flávio, señalado como el operador de un entramado con movimientos financieros sospechosos relacionados con las apuestas deportivas.
Sobre su hermano Eduardo pesan dos condenas, pendientes de ejecución porque desde 2025 reside en Estados Unidos, donde se mudó de manera legal cuando era diputado y no había ningún cargo en su contra.
La primera de las sentencias le impuso cuatro años y dos meses de cárcel por coacciones a la justicia al haber gestionado ante la Administración de Donald Trump sanciones contra los jueces que procesaban a su padre.
Además, el pasado septiembre recibió otra condena de un año de prisión por difamación contra una parlamentaria, pero él afirma ser víctima de una “persecución judicial”.
Otro de los hermanos es el senador electo Carlos, acusado por la Policía Federal en el caso de la llamada “Abin paralela”, una supuesta trama que utilizó recursos de la Agencia Brasileña de Inteligencia para espiar ilegalmente a adversarios del Gobierno de su padre.
Asimismo, en febrero se reabrió otra investigación contra él por presunta apropiación de parte de los salarios de asesores “fantasma” contratados en su despacho de concejal en Río de Janeiro, pero que no trabajaban, una práctica conocida en Brasil como “rachadinha”.
El menor de los hijos varones del expresidente, Jair Renan, diputado electo de 28 años, también tiene problemas con la Justicia.
Este jueves trascendió que la Justicia Federal de Brasilia aceptó una denuncia de la Fiscalía que lo acusa de blanqueo de capitales y falsedad documental. Según el Ministerio Público, Jair Renan utilizó datos financieros ficticios de una empresa propia para obtener un préstamo bancario.
