os últimos cambios que el Gobierno de Javier Milei acordó realizar sobre su proyecto de “Inviolabilidad de la Propiedad Privada”, también conocido como ley de extranjerización de tierras, representan no sólo una dura derrota para La Libertad Avanza en su objetivo de darle media sanción en el Senado a un proyecto sumamente sensible, sino que sienta un precedente de cómo podría seguir la agenda parlamentaria del oficialismo.
Después de 17 versiones distintas de un proyecto que originalmente buscaba desregular todas las limitaciones sobre la venta de tierras a extranjeros, de meses de intensos debates y cuatro fracasos consecutivos de sesiones, el mensaje de los gobernadores aliados y bloques dialoguistas con la administración libertaria es que si no eliminaba por completo todo el capítulo tres, el corazón de esta ley, no habría respaldo.
No es un dato menor todo el esfuerzo que puso el gobierno argentino: el autor material del proyecto, el ministro Federico Sturzenegger, fue hace meses a la Comisión de Acuerdos del Senado a defender su ley, y se fue con tensos cruces con el peronismo.
Luego, mantuvo a todo su equipo técnico trabajando hasta último momento en todos los detalles para modificar el proyecto sin tocar su esencia hasta obtener el apoyo de los aliados.
El presidente Milei, adelantó su viaje a Colombia y Ecuador para que Victoria Villarruel, abiertamente en contra de esta ley, tomara el mando del Ejecutivo y no pudiera desempatar en la Cámara Alta si fuera necesario.
Por último, la titular del bloque de La Libertad Avanza (partido de Milei), Patricia Bullrich, mantuvo reuniones con Sturzenegger hasta lograr convencerlo de introducir límites a la compra de extranjeros para que se destrabara la ley: finalmente, el martes dio una conferencia de prensa anunciando la última versión y confirmó al medio asociado PERFIL que tenía los votos para aprobarla. No pasó.
Un día después, tuvieron que dar marcha atrás. Por todo esto, la derrota ya traslada pases de factura dentro de la cúpula libertaria con la estrategia de los ex PRO.
Esta crisis desata un panorama incierto de cara a todas las negociaciones que se le vienen a LLA, que tiene 21 senadores y 95 diputados y en ambas cámaras necesita de partidos pequeños y bloques provinciales para tener quórum y conseguir aprobar sus proyectos.
Todos estos sectores son precisamente los que presentaron reparos en esta ley y se plantaron en un contexto en el que cae la aprobación del Gobierno en las encuestas.