VER RESUMEN

Resumen generado con una herramienta de Inteligencia Artificial desarrollada por BioBioChile y revisado por el autor de este artículo.

El gobierno de Perú extendió por 60 días el estado de emergencia en la región de Tacna, limítrofe con Chile, con el objetivo de combatir la criminalidad. La medida, que entrará en vigor el 9 de junio, se basa en informes de la Policía Nacional que sugieren la necesidad de continuar con operativos para preservar el orden interno y proteger los derechos constitucionales de la población frente a delitos como robos y contrabando.

El gobierno de Perú prolongó por 60 días el estado de emergencia en la región de Tacna, fronteriza con Chile, asegurando que la medida obedece a “fortalecer la lucha contra la criminalidad”.

La decisión fue formalizada mediante un decreto publicado en el diario oficial El Peruano y precisó que la prorroga será por 60 días a partir del próximo 9 de junio en los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata.

Perú prorroga el estado de emergencia

El Ejecutivo señaló que informes reservados de la Policía Nacional indicaron que se deben seguir ejecutando operaciones “para garantizar la preservación y restablecimiento del orden interno” en la zona, así como los derechos constitucionales de la población frente a delitos como hurtos, robos, contrabando, “y otras situaciones de violencia”.

En ese sentido, se precisó que durante la emergencia se mantendrá la restricción o suspensión del ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito y de reunión, y libertad y seguridad personales.

La Policía Nacional se encargará del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas y determinará las zonas de intervención “sobre la base de medidas de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito y otros instrumentos”.

El Gobierno estableció este estado de emergencia el 9 de abril pasado, cuando se informó que la frontera con Chile sería vigilada con patrullas terrestres y drones “para fortalecer la lucha contra la criminalidad y otras situaciones de violencia”.

La medida determinó que se debía mantener en sesión permanente el comité regional y los comités provinciales de seguridad ciudadana de Tacna y realizar patrullas motorizadas permanentes y continuas en la línea fronteriza.

Además, se ordenó intervenir a los migrantes que intentasen cruzar por pasos no habilitados o autorizados, la realización de operativos permanentes y la implementación de un monitoreo aéreo con drones en la zona fronteriza y pasos no habilitados.

El decreto supremo fue publicado con las firmas del presidente de transición de Perú, José María Balcázar, y siete de sus ministros, entre ellos los de Defensa e Interior.