El otorgamiento de créditos millonarios del Banco de la Nación Argentina -entidad estatal- a funcionarios y dirigentes del oficialismo abrió un frente judicial y político inesperado para el gobierno de Javier Milei. Lo que en principio aparecía como una política activa de financiamiento hipotecario terminó bajo sospecha: la Justicia ahora intenta determinar si hubo condiciones preferenciales, excepciones a las reglas o evaluaciones de riesgo irregulares.
La lupa está puesta sobre los préstamos adjudicados entre 2024 y 2025, ya con Milei gobernando desde la Casa Rosada.
Los montos son significativos: van desde los 100 hasta los 527 millones de pesos argentinos (entre 70.000 y 373.000 dólares), con plazos de hasta 30 años y una tasa del 4,5% ajustada por inflación.
En un contexto de salarios deteriorados y acceso restringido al crédito para la mayoría de la población para cubrir las cuotas, la polémica se centró en al menos 22 beneficiarios que están directamente vinculados al Gobierno o a La Libertad Avanza, justamente quienes cuestionan el rol social del Estado y exponen así una incongruencia que aprovecha las prebendas y favores de la administración pública.
Los nombres surgieron de información pública procesada a partir de la Central de Deudores del Banco Central y divulgada en redes sociales por la plataforma “¿Cuánto deben?”. Fue desarrollada por el programador Andrés Snitcofsky, quien luego borró el posteo en X tras la viralización y dejó algunas aclaraciones por los nombres de la lista.
Según esa información, que llegó a copar los medios nacionales de Argentina y varias denuncias formales ante la Justicia, aparece Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior y asesor del ministro de Economía, con una deuda inicial de AR$373 millones (US$264.000) desde febrero de 2025.
Federico Furiase, exdirector del Banco Central de la República Argentina y actual secretario de Finanzas, con un crédito de más de AR$367 millones (US$259.000) desde agosto de 2025.
Al seguir el listado también están Juan Pablo Carreira, conocido como “Juan Doe” en redes, director nacional de Comunicación Digital; Emiliano Mongilardi, director de YPF; y diputados oficialistas como Alejandro Bongiovanni, Mariano Campero y Lorena Villaverde.
La Justicia ahora debe investigar si, como se denunció, se otorgaron créditos a personas políticamente expuestas superando límites habituales, si hubo dictámenes técnicos desfavorables que igualmente fueron ignorados y/o si existieron mecanismos de excepción para aprobar los préstamos.
Al traducirlo en términos jurídicos, las figuras que se investigan son defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público.
El expediente principal quedó en manos del juez Ariel Lijo —el mismo que Javier Milei había propuesto para la Corte Suprema— y el fiscal Gerardo Pollicita, tras el sorteo en Comodoro Py. En paralelo, otras denuncias recayeron en Daniel Rafecas y María Eugenia Capuchetti —la de la causa del atentado de 2022 contra Cristina Kirchner—, aunque una de ellas ya fue derivada por conexidad.
Entre los denunciados también figuran Daniel Tillard, expresidente del Banco Nación, y Juan Ernesto Curuchet, superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del BCRA, lo que amplía el alcance del caso hacia la estructura financiera del Estado.
El impacto político del escándalo y la respuesta del Gobierno
Tras el revuelo se produjo la salida de Leandro Massaccesi, jefe de gabinete del Ministerio de Capital Humano, desplazado por la ministra Sandra Pettovello tras conocerse que había accedido a uno de estos créditos.
Aunque el Gobierno intentó despegar su salida del caso, el propio Massaccesi defendió públicamente la toma del préstamo, lo que profundizó la controversia. “No vine a la política a servirme de ella. Por el contrario, accedí a un crédito para la primera vivienda junto a mi pareja, cumpliendo con todos los requisitos”, manifestó en su cuenta de X.
Desde el Gobierno, en paralelo cuestionado y atento al desgaste de imagen por el “Adorni-gate”, la respuesta fue cerrar filas. Así, el ministro de Economía, Luis Caputo, rechazó cualquier irregularidad en una entrevista con el canal LN+. “No hay nada de ilegal ni mucho menos de inmoral”, expresó, además de decir que los funcionarios cobran sus sueldos en el Banco Nación y que, por lo tanto, es lógico que accedan a sus líneas de crédito.
La propia banca pública también emitió un comunicado institucional, en el que enfatizó que “nueve de cada diez créditos hipotecarios en la Argentina” los otorga la entidad y que el proceso es “homogéneo, sin excepciones”, con circuitos digitalizados que permiten escriturar en unos 30 días.
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