La diputada del Perú, Rosío Torres, fue acusada de recortarle el sueldo a -al menos- cinco personas que trabajan o han trabajado con ella. Lo anterior, con el objetivo de favorecer a su sobrino.
La congresista peruana Rosío Torres, integrante de la Comisión Ética del Parlamento, obligó a sus trabajadores a depositar parte de sus sueldos a un sobrino suyo, unas acusaciones que la diputada ha negado “tajantemente”, según desveló el programa “Punto final”, de Latina Televisión, un caso que ha generado numerosas críticas este lunes en el panorama político.
Según la investigación de “Punto final” publicada este domingo, la legisladora del partido derechista Alianza para el Progreso (APP) obligó a -al menos- cinco trabajadores o extrabajadores que colaboraban con ella en función parlamentaria a transferir parte de su sueldo a su pariente Juan Daniel Pérez Guerra.
Tras la divulgación de este reportaje, el grupo parlamentario de APP emitió en las redes sociales un comunicado en el que solicitó a Torres unas “aclaraciones públicas” y convocó a una reunión para “recibir sus descargos y determinar si existen responsabilidades”.
También anunciaron que, a fin de “garantizar la independencia en las investigaciones”, se procederá con el cambio de Torres de la Comisión Ética, la encargada de promover la ética parlamentaria y prevenir actos contrarios a la misma.
La congresista, por su parte, publicó un pronunciamiento en su cuenta oficial de Twitter, donde negó “tajantemente que haya requerido, directa o indirectamente, pago alguno a los trabajadores de su despacho” y negó “cualquier tipo de responsabilidad en los hechos mencionados”.
“Este despacho congresal solicitará una investigación exhaustiva sobre los hechos expuesto”, se lee en el comunicado, en el que Torres también afirmó que “se pone a disposición de las autoridades respectivas y solicitará licencia de la Comisión de Ética en tanto se esclarecen los hechos”.
El reportaje contra congresista peruana
El reportaje de “Punto Final” mencionó varios casos, entre ellos el de Cecilia Salazar Mattos, quien fue asesora de Torres entre julio y agosto del año pasado y, en ese período, supuestamente transfirió a su sobrino unos 24.562 soles (unos 6.530 dólares).
Asimismo, también reveló el caso de Jesús Sierra Tapia, el asesor principal de la congresista que depositó unos 4.400 soles (unos 1.170 dólares) al mismo familiar de Torres y el de otra congresista, cuyo nombre reserva, quien transfirió unos 6.850 soles (unos 1.820 dólares).
Esta última, además, sostuvo que la parlamentaria y su sobrino obligaban a que esta “colaboración” fuese de hasta un tercio del salario de trabajador y que el monto se duplicara en los meses en los que hay pagos de gratificaciones y bono de escolaridad.
