La Policía boliviana presentó este martes a cuatro personas investigadas por su presunta responsabilidad en la detonación de una granada de gas en una universidad de la región andina de Potosí, que provocó una estampida, dejando cuatro estudiantes muertas y 83 personas heridas.
El subcomandante de la Policía departamental de Potosí, Carlos Oblitas, informó en una conferencia de prensa sobre la detención de un joven de 25 años, conocido como “El motín”, y otros tres hombres, de 40, 35 y 25 años.
Estas personas fueron identificadas como “Manfred F. C., quien es el posible autor material; Mauricio Nicolás Q. R., alias “El Motín” y ejecutivo de la Facultad de Administración de Empresas; Juan Ariel Q. M., presidente del Comité Electoral de la FUL; y Milton F. A., quien habría proporcionado la granada”, detalló el comandante general de la policía, Jhonny Aguilera, según lo reportó La Razón de Bolivia.
El director de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Potosí, Nelson Pacheco, explicó que Manfred F.C., de 25 años, es el presunto responsable de lanzar el gas lacrimógeno en medio de una asamblea universitaria realizada el lunes en el coliseo de la Universidad Tomás Frías de ese departamento, según las investigaciones de la Policía.
Mientras que los otros tres detenidos son acusados de ir a comprar la granada de gas de triple acción que fue lanzada en medio de la asamblea, por lo que ahora también buscan a la persona que les vendió este artefacto.
“Nos es fácil adquirir el gas (…) estamos trabajando para determinar quién lo pudo haber vendido”, indicó Pacheco.
Oblitas sostuvo que los datos de fabricación del gas lanzado fueron borrados del artefacto.
Entregada en un auto gris
Aguilera reveló este martes que la granada de gas de la tragedia en la Universidad Tomas Frías de Potosí fue entregada en la madrugada del lunes dentro del vehículo del presidente del Comité Electoral de la Federación Universitaria Local (FUL), Juan Ariel Q. M., quien es uno de los cuatro detenidos hasta el momento por el hecho delictivo que dejó cuatro universitarias fallecidas y más de 80 heridos.
“No me acuerdo si se llama la avenida del Minero o la avenida de la Circunvalación, (pero) a la 01.00 de ayer, es decir, (horas) antes de que se cometan los hechos, al interior de un vehículo, de color plomo y de propiedad del Presidente del Comité Electoral, se ‘conjuncionan’ estos cuatro individuos y reciben, según ellos, esta granada de gas”, dijo el jefe policial.
Por tanto, en su criterio, hubo “indudablemente una conspiración previa (…) pues, (también) estamos certeros (sic) de que se introduce este artefacto al interior de una mochila y una vez que la asamblea (estudiantil) estaba tomando cuerpo, (…) se activó”, agregó.
La asamblea que terminó en tragedia
Unos 5.000 estudiantes participaban en la asamblea estudiantil para aprobar la convocatoria a elecciones, cuando en medio de “problemas internos” alguien lanzó una granada de gas que provocó la avalancha humana en la que murieron cuatro mujeres, hay seis personas en terapia intensiva y se ha contabilizado 83 heridos, según datos de Oblitas.
Por su parte, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, manifestó sus condolencias a las familias afectadas y sostuvo que las universidades “no pueden convertirse en escenarios de violencia”.
Además enfatizó que ninguno de los detenidos tiene relación con el Movimiento al Socialismo (MAS), el partido del presidente Luis Arce, como en algunos medios locales se había difundido.
Los cuatro detenidos están siendo investigados bajo cargos por homicidio, lesión seguida de muerte y tenencia de la granada, según la prensa local.
En tanto el rector de la universidad, Pedro López, decretó 30 días de duelo debido a las muertes, mientras que la Gobernación potosina declaró 10 días de duelo.
El lunes el presidente Arce expresó su solidaridad con las familias de las fallecidas, asimismo el investigador de Human Rights Watch (HRW) César Muñoz lamentó a través de Twitter el suceso y consideró que es urgente una investigación completa.
En marzo del año pasado un hecho similar se produjo en la Universidad Pública de El Alto (Upea), ciudad vecina de La Paz, en la que murieron siete estudiantes que cayeron al vacío tras un tumulto que venció las barreras de protección de un cuarto piso en un pabellón.
