La comunidad internacional encendió sus alarmas por la posible ruptura de la integridad de la democracia en El Salvador.
Esto, después de que la nueva Asamblea Legislativa destituyera a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y al fiscal general.
El hecho puso en duda la separación de poderes y que supone una concentración en la figura del presidente Nayib Bukele. El nuevo fiscal general y al menos tres de los abogados votados por el Congreso para magistrados tienen vínculos con el Gobierno de Bukele o altos funcionarios.
Estas son algunas claves que dan cuenta de la influencia que tendría el mandatario en la Asamblea Legislativa, la Corte Suprema y la Fiscalía
Los aliados dominan el Congreso
Bukele ganó las elecciones presidenciales en febrero de 2019 en primera vuelta y con una amplia ventaja sobre sus rivales.
Un año después, su popularidad le granjeó al partido Nuevas Ideas convertirse en el más votado y le aseguró 56 escaños de los 84 del Congreso.
Tras ser expulsado en 2017 del izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, Bukele anunció la creación de un movimiento que se convirtió en NI y es dirigido por uno de sus primos.
Las alianzas con Gran Alianza por la Unidad Nacional y otros dos partidos minoritarios, le han dado al oficialismo 64 votos.
El 1 de mayo, la presidencia de este órgano fue dada a uno de los hombres de confianza de Bukele: Ernesto Castro.
Castro es uno de los líderes de NI y fue secretario privado de Bukele en el Gobierno entre junio de 2019 y noviembre de 2020.
Antes fue asesor privado de las alcaldías de Nuevo Cuscatlán y de la capital, San Salvador, cuando Bukele fue alcalde de estos municipios.
A la Asamblea Legislativa también llegaron más exfuncionarios, contratistas y asesores del Gobierno, de acuerdo con investigaciones de medios locales.
La autodenominada “bancada cian” renueva su fidelidad a Bukele ante cada petición que ha hecho, desde que eran candidatos y después diputados electos, en cuentas de Twitter, igual que lo hacen los ministros de su Gobierno.
De abogados del Gobierno a magistrados y fiscal
La procedencia de al menos tres de los abogados que el Parlamento votó para sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional provienen o han trabajado para el Gobierno de Bukele o alguno de sus altos funcionarios.
Las organizaciones sociales, empresariales y de derechos humanos han acusado públicamente a estas personas de usurpación de funciones porque, a su juicio, la votación a su favor es inconstitucional y así lo señala también un fallo de los magistrados depuestos.
El oficialismo votó para colocar como magistrado a Héctor Nahúm Martínez, abogado defensor de Mauricio Arriaza Chicas, en un proceso de desafuero que enfrentó en el órgano Legislativo.
José Pérez Chacón fue asesor de la Secretaría Jurídica. Entre sus apariciones públicas destacan la defensa que hizo del Gobierno ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Pérez también defendió el no permitir inspecciones judiciales del Ejército por la masacre de unos 1.000 civiles en El Mozote.
La votación de estos abogados se dio sin seguir el procedimiento dictado en la Constitución. Esta señala que los magistrados deben ser elegidos de entre los candidatos presentados por el Consejo Nacional de la Judicatura y las asociaciones de abogados.
Los diputados salvadoreños también votaron por poner al frente del Ministerio Público a Rodolfo Delgado, quien también defendió a Arriaza Chicas.
Delgado, al igual que Pérez, fue asesor del Gobierno de Bukele, según un documento de la Asamblea Legislativa.
La Corte de Cuentas de la República lo condenó a pagar 2.200 dólares en 2017 por no presentar la declaración patrimonial como Director de la Defensa de los Intereses del Estado en la Fiscalía.
Más entes a la vista
Los funcionarios destituidos por el Congreso tienen en común que en el último año tuvieron algún enfrentamiento con el presidente Bukele.
El mandatario publicó ayer en su cuenta de Twitter: “El pueblo no nos mandó a negociar. Se van. Todos”.
Esta publicaciones dan pistas de que la Asamblea Legislativa podría buscar la destitución de Apolonio Tobar; los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas.
