La exministra boliviana de Medio Ambiente, María Elva Pinckert, reveló este lunes que pidió asilo político para ponerse “a buen recaudo”. Ésto, tras considerar que los procesos judiciales en su contra son una “persecución con fines políticos”.

“Tomé la decisión personal de ponerme a buen recaudo en un lugar donde se respeten mis derechos constitucionales”, dijo.

“He pedido asilo político como la protección que otorga el derecho internacional”, mencionó la exministra en una carta pública.

En el texto, Pinckert no da detalles sobre a qué país ha hecho la solicitud de asilo, únicamente menciona que se encuentra “con la debida protección”.

Sobre la exministra pesa un proceso por supuestos nombramientos ilegales en su cartera, por lo que Fiscalía emitió una orden de aprehensión en su contra. Lo anterior, por no presentarse a declarar el pasado 20 de marzo.

“Estoy dispuesta a presentarme a la Justicia boliviana, cuando esta vuelva a ser imparcial y garantice mis derechos fundamentales”, señaló la exautoridad boliviana.

Excolaboradores de Áñez

Pinckert es una más de los excolaboradores de Áñez que dejó el país tras el regreso del Movimiento al Socialismo (MAS), el partido de Evo Morales, al Gobierno en noviembre pasado y que han denunciado lo que consideran una persecución en su contra.

Primero dejaron el país el exministro de Gobierno (Interior) Arturo Murillo y su excolega de Defensa Luis Fernando López.

En contra de ambos se abrieron procesos judiciales por la compra con un supuesto sobreprecio de gases lacrimógenos. A esto se agregó la quema de la libreta de servicio militar del expresidente Evo Morales incluso se emitieron órdenes de aprehensión.

El exministro de Yerko Núñez se declaró en la “clandestinidad” por el proceso que se le sigue en el caso llamado “golpe de Estado” con acusaciones por terrorismo.

Por ese proceso es que la exmandataria interina Áñez y los exministros de Justicia Álvaro Coímbra y de Energías Rodrigo Guzmán guardan prisión en cárceles de La Paz.

El Gobierno señaló que los procesos contra las exautoridades no son parte de una persecución, sino por hechos al margen de las normas que -en el caso de Áñez y algunos de sus exministros- se remiten a cuando estos fueron parlamentarios.

En el caso de Murillo y López durante el ejercicio de cargos en el Ejecutivo del país.