La ley del aborto entra en vigor este domingo en Argentina, al cumplirse diez días desde que fue promulgada por el presidente, Alberto Fernández, por lo que cualquier mujer podrá desde hoy interrumpir voluntariamente su embarazo hasta la semana 14 de gestación.
Además de despenalizarse, la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) está garantizada y es gratuita en el sistema de salud público, donde se atiende un tercio de la población. Y tras su incorporación al programa médico obligatorio, el tratamiento también está cubierto por las mutuales médicas privadas y el sistema de obra sociales, los otros dos subsistemas de salud.
El sistema de salud ya debía estar preparado para garantizar el derecho al aborto legal, vigente desde 1921, para los casos de riesgo en la salud o la vida de la mujer o en caso de violación.
“Sin dudas habrá que iniciar un proceso de capacitación de les profesionales. Pero es importante decir que el aborto es una práctica mayoritariamente ambulatoria y que no requiere de ninguna guía ni protocolo para su garantía”, explicó a Efe Laura Salomé, portavoz de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
Sin embargo, el aborto sin causales ahora se pondrá a prueba en los tres subsistemas de salud y en las provincias más conservadoras del país.
“La ley desencadena un nuevo proceso en el sistema de salud que llevará su tiempo”, dijo a Efe la directora bonaerense de Salud de la Mujer, Infancia y Adolescencia, Sabrina Balaña de Caro.
En el sistema público, el objetivo de la provincia de Buenos Aires, la más populosa del país, es ampliar el número de equipos de profesionales que brindan la IVE en la atención primaria (con sólo un 20 % de los equipos) y en los hospitales municipales, con mayor amplitud geográfica.
Según la funcionaria, la mayoría de las mujeres busca el aborto en el primer trimestre, lo que se puede atender en la atención primaria, ya que no requiere más que una ecografía, la atención clínica, el suministro de Misoprostol, la droga que provoca el aborto, que la mujer se lleva a su casa, y un folleto explicativo con las pautas de alarma ante las que tiene que volver al hospital.
Por lo pronto, en la provincia de Buenos Aires se aprobó una guía de implementación de la IVE para brindarles una herramienta de respaldo a los equipos de profesionales y para que la falta de información no fuera una excusa para no brindar la práctica.
Respecto de la objeción de conciencia del profesional de la salud, previsto en la ley, la guía bonaerense no lo hace extensible a los colaboradores -enfermeros, ecografistas, camilleros, anestesistas-. Insiste que es un derecho excepcional y recuerda que la mujer debe ser derivada a otro profesional o institución para garantizar la práctica hasta los 10 días de la solicitud
