Una comisión del Congreso señaló al expresidente por presunta obstrucción de la justicia, peculado y aprovechamiento indebido del cargo, entre otros delitos.

Una comisión del Congreso peruano aprobó este lunes un informe que pide acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra (2018-2020) de “liderar una organización criminal” y que se le inhabilite durante diez años para ejercer cualquier función pública.

La Comisión de Fiscalización, que preside el congresista Edgar Alarcón, aprobó el informe con diez votos a favor, uno en contra y tres abstenciones, tras investigar las contrataciones que hizo el Ministerio de Cultura desde 2018 del polémico cantante Richard “Swing” Cisneros, supuestamente por recomendación de Vizcarra.

En ese sentido, el grupo de trabajo recomendó que se inhabilite al exmandatario “sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes” y que también se le acuse “por infracción constitucional y la comisión de varios delitos de función”, así como de “liderar una organización criminal”.

El informe fue sustentado por Alarcón, quien recordó que la comisión pidió que se amplíe el plazo de las indagaciones hasta en dos oportunidades y que también se le permita investigar las presuntas contrataciones vinculadas con el entorno de Vizcarra en otras instituciones del Estado.

De acuerdo con el informe, que aún deberá ser debatido y votado por el pleno del Congreso, durante la gestión de Vizcarra “habría existido un uso ilegítimo” de la ley “para favorecer a amigos y/o familiares” con puestos de trabajo en el Estado.

Agregó que existió una organización criminal “que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias, para utilizar el poder político con el que contaba su líder y jefe, el exmandatario Martín Vizcarra y sus miembros” con el objetivo de “contratar a las personas de su entorno”.

El documento sostuvo que se habrían cometido “varios delitos de función ejecutados por el mismo exmandatario, exministros, funcionarios y servidores públicos del despacho presidencial y otros sectores del Poder Ejecutivo”.