El presidente Iván Duque consideró este jueves sesgado e impreciso el informe de Naciones Unidas sobre derechos humanos en Colombia, en el que la organización alerta sobre abusos de la fuerza pública.
“Hay que analizar siempre esos documentos con mucha serenidad y así lo hemos hecho, pero yo debo manifestar mis preocupaciones. A mí me preocupa que haya imprecisiones y me preocupa que no se diga la verdad sobre avances” en la defensa de derechos humanos, dijo el mandatario a periodistas en Bogotá.
“No puede haber sesgos y nosotros estaremos en el escenario que corresponda, en el Consejo de Derechos Humanos, elevando la voz del gobierno colombiano”, agregó.
La cancillería informó más temprano en un comunicado que este jueves presentará sus comentarios al reporte en Ginebra, por considerar que no es “integral” ni está “actualizado”.
También porque, según el ministerio de Relaciones Exteriores, el documento contiene “consideraciones que rayan en opiniones políticas, así como apreciaciones y conclusiones que exceden su campo de acción”.
La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos alertó el miércoles sobre homicidios y otros abusos cometidos presuntamente por miembros del ejército y la policía desde la firma del acuerdo de paz que desarmó y transformó en partido a la exguerrilla FARC en Colombia.
El representante de la alta comisionada Michelle Bachelet aseguró que 15 personas murieron presuntamente a manos de la fuerza pública en 2019, la cifra más alta registrada por esa oficina desde 2016, cuando se firmó el pacto con la que fuera la guerrilla más poderosa de América.
Las Naciones Unidas apoyaron el acuerdo de paz con los rebeldes comunistas, implicados en un sangriento conflicto armado de más de medio siglo.
Las muertes ocurrieron supuestamente en medio de “operaciones militares relacionadas con seguridad ciudadana” y “la lucha contra el narcotráfico”, según Alberto Brunori, representante en Colombia de la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Brunori consideró además que hubo “respuestas excesivas” por parte de la fuerza pública en el marco de las protestas que estallaron en Colombia el 21 de noviembre contra el gobierno de Duque.
Entre ellas la muerte de un joven de 18 años por las heridas en la cabeza que le provocó un policía con una escopeta cargada de perdigones, así como torturas, tratos crueles, amenazas de muerte, golpizas a manifestantes e intimidación a periodistas.
Antes de la firma de la paz, las fuerzas militares enfrentaron el mayor escándalo de su historia por las ejecuciones extrajudiciales de unos 2.248 civiles en años de conflicto.
El 59% de esas muertes ocurrió entre 2006 y 2008 bajo el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, padrino político de Duque, según datos de la Fiscalía.
“Intromisión a la soberanía”
Duque consideró una “intromisión a la soberanía” la propuesta de la oficina del organismo internacional de trasladar la “supervisión” de la policía del ministerio de Defensa al del Interior.
“Eso es un debate que le corresponde a las autoridades colombianas, en el marco de la institucionalidad colombiana”, señaló.
El mandatario también cuestionó que supuestamente no se reconozcan los esfuerzos de su administración en la implementación del acuerdo con las FARC, al que se opone y que ha intentado modificar, y en la defensa de líderes sociales y activistas, víctimas de una ola de violencia.
Duque también lamentó que “poco se diga en ese reporte” sobre “violaciones constantes a los derechos humanos” por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN), reconocida como la última guerrilla de América, disidentes de las FARC y bandas narcotraficantes de origen paramilitar.
“Eso también ha debido quedar consignado ahí”, afirmó.
Sin embargo, el informe alerta que el ELN “continuó incurriendo en infracciones al derecho internacional humanitario” y denuncia “graves abusos a los derechos humanos” de otros grupos, que incluyen homicidios, amenazas o desplazamiento forzado.
Aunque aliviada por el fin de la guerra con las FARC, Colombia todavía no supera un conflicto armado que durante casi seis décadas ha enfrentado a guerrillas, paramilitares, agentes estatales y narcotraficantes, con un saldo de ocho millones de víctimas entre muertos, desaparecidos y desplazados.
La conflagración ha sido alimentada por recursos derivados del tráfico de drogas. Según la ONU, Colombia es el principal productor mundial de cocaína.
