La “situación actual”. Esa es la razón que ha dado el presidente de Ecuador, Lenin Moreno, para cancelar su viaje a Alemania previsto para esta semana. Entre otros, tenía previsto encontrarse con el presidente germano, Frank-Walter Steinmeier.
Moreno quiere “tener los ojos puestos” en Ecuador, aclaró su ministro de Exteriores, José Valencia. Esta apacible descripción de la cancelación, sin embargo, contrasta con la tensa situación en el país sudamericano, que tiene al mandatario más que ocupado: protestas, barricadas, choques con las fuerzas de seguridad y saqueos.
El 1 de octubre, el gobierno en Quito anunció la supresión de las subvenciones al combustible, lo cual llevó a un drástico aumento de los precios de la gasolina y el diésel. Los transportistas paralizaron las rutas de todo el país el jueves y el viernes de la semana pasada. En varias ciudades del país, la Policía y los manifestantes han protagonizado enfrentamientos violentos.
En la capital, la protesta rodeó la sede del Gobierno y bloqueó las calles. Ante esta situación, Moreno decretó el estado de excepción, que está vigente en principio por 60 días. Al menos 470 personas han sido detenidas hasta ahora por las fuerzas de seguridad.
“Las protestas vienen de varias partes de la sociedad, no solo del sector de los transportes, como informan muchos medios de comunicación nacionales”, explica a DW Ximena Zapata, experta en Ecuador del Instituto GIGA de Estudios Latinoamericanos, con sede en Hamburgo.
“Entre los protestantes hay transportistas, pero también trabajadores, organizaciones indígenas, activistas ecologistas y estudiantes. Las medidas del Gobierno suscitan el rechazo de una amplia capa de la población ecuatoriana”, añade.
La derogación de las subvenciones al combustible, introducidas en la década de los setenta del siglo pasado, forma parte de un paquete de reforma con el que el Gobierno pretende hacer frente a la crisis económica que atraviesa el país. El gobierno ecuatoriano ha recibido un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 4,2 mil molles de dólares. A cambio, una de las condiciones es que tiene que reducir el gasto público.
Estado de emergencia económica
El país está atrapado en una profunda crisis económica y el presupuesto estatal está en número rojos. La cuestión de las subvenciones al combustible es central para el saneamiento de los presupuestos. Una bomba política a escala interna que los predecesores de Moreno al frente del Ejecutivo no se habían atrevido a accionar.
Ecuador tenía hasta ahora el tercer precio de gasolina más bajo de Latinoamérica (consulte el gráfico). Pero tras la eliminación de las subvenciones por valor de unos 1,3 mil millones de dólares los precios del petróleo y del diésel casi se han doblado. Un galón (3,8 litros) de diésel antes costaba 1,30 dólares estadounidenses, ahora vale 2,30. Por su parte, la gasolina subió de 1,85 a 2,40 dólares estadounidenses.
El Gobierno también se ha pronunciado sobre la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP). Ecuador ha anunciado que abandonará la OPEP el 1 de enero de 2020. Así, ya no estaría vinculado por la decisión de reducción de la producción del roganismo. Más exportaciones de petróleo podrían traer al país más ingresos. Al menos ese es el plan.
Con una cuota del 0,7% de las reservas de crudo de los Estados de la OPEP, Ecuador es uno de los miembros menores del cártel. Es, junto con Venezuela, el único país latinoamericano miembro de la organización. Y, pese a su rol secundario en el panorama global, la exportación del oro negro juega un papel crucial en la economía del país andino: suma más de un tercio de las exportaciones nacionales.
Pero los ingresos estatales procedentes de las exportaciones de petróleo no aumentan sin más, pues dependen además de la capacidad de la propia industria. El aumento del consumo interno en los últimos años ha reducido la cantidad disponible para la exportación.
El coste de las subvenciones, por tanto, reduce los potenciales ingresos estatales y con ello lastra el saneamiento de las arcas de un país fuertemente eneudado. Además, el bajo precio del crudo también da lugar a un mercado de contrabando hacia Perú y Colombia.
Caída desastrosa de la popularidad
Ximena Zapata subraya sin embargo los costes sociales y políticos de una política orientada a criterios económicos: “Lo que ocurre ahora en el Ecuador forma parte de un ciclo que ya se ha repetido en el pasado: un boom del petróleo y de las materias primas, seguido por un impulso económico transitorio y una política nacionalista, el endeudamiento, la caída de los precios de las materias primas, la vuelta a la vieja receta del FMI y con ello las protestas y las convulsiones sociales”.
La popularidad del presidente Moreno se ha desplomado del 70% que disfrutaba cuando fue elegido en 2017 a solo un 30%. No es ninguna casualidad, dice Zapata: “La austeridad de Moreno es impopular. Castiga a los sectores más pobres de la población y privilegia a las minorías acomodadas, sobre todo a los bancos privados y a los empresarios”. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INEC), un 25% de los ecuatorianos vive en situación de pobreza.
Zapata sospecha que Moreno aún subestima las protestas en su país: “La población del Ecuador ya fue en el pasado víctima de los ajustes estructurales del FMI. La reacción podría bien ser protestas más masivas como las que los gobiernos anteriores no pudieron evitar. No creo que a ese respecto el Gobierno de Moreno sea excepción alguna”.
Queda por ver si el presidente Moreno se tomará en serio lo de “tener los ojos puestos” sobre su país, o incluso si lo llevará al extremo de la literalidad. Con apoyo chino, Ecuador ha instalado por todo su territorio un sistema de vigilancia con más de 4.500 cámaras de vídeo. Las imágenes se muestras en directo en 16 centros de control en los que están empleadas unas 3.000 personas. Un aparato de seguridad perfecto para reaccionar a las protestas. Hecho por Huawei.
