El cuerpo del cacique hallado muerto en julio en un río de la Amazonía brasileña no presenta señales de violencia y pudo fallecer por “ahogamiento”, según los resultados preliminares de la autopsia divulgados el viernes por la Policía Federal (PF).

Indígenas y organizaciones denunciaron tras el hallazgo del cadáver que el cacique Emyra Waiapi falleció de “forma violenta” cuando mineros ilegales armados invadieron una aldea en el estado de Amapá (norte). El cuerpo de Emyra fue exhumado a inicios de mes, para ser autopsiado.

El laudo divulgado el viernes señala que el examen forense “no encontró lesiones traumáticas que pudiesen haber ocasionado el óbito” y sugiere fuertemente el ahogamiento como causa de la muerte de Emyra Waiãpi”, que ocurrió “entre el 21 y el 23 de julio”, día en que fue hallado su cuerpo.

La PF precisa que el informe es preliminar, porque espera aún los resultados del análisis toxicológico complementario, en un plazo de 30 días.

El reporte descarta la existencia de lesiones penetrantes, “desmintiendo las primeras noticias que decían que el líder indígena habría muerto a puñaladas”. Tampoco fueron encontradas en la región del cuello “lesiones traumáticas” ni señales de “estrangulamiento”.

La muerte del cacique causó conmoción dentro y fuera de Brasil, en un momento de tensiones provocadas por el apoyo del gobierno de Jair Bolsonaro a políticas de explotación de los recursos de la Amazonía, incluso en reservas indígenas y en áreas protegidas.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, condenó la muerte del cacique y la asoció a las políticas prominería del mandatario.

Pero Bolsonaro afirmó que “no había indicios fuertes” de que se tratase de un asesinato.

Rica en oro, manganeso, hierro y cobre, la tierra de los waiapis, a unos 200 km de la Guayana Francesa, sufre crecientes presiones de mineros, ganaderos y madereros.

Es uno de los cientos de territorios indígenas demarcados en Brasil desde los años 1980 para el uso exclusivo de sus habitantes, que tienen el derecho a ocupar sus tierras ancestrales garantizado en la Constitución. El acceso a terceros está estrictamente regulado.