El gobierno de Nicolás Maduro desestimó el informe presentado este miércoles por la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta Michelle Bachelet, que reportó violaciones a los DDHH y una criminalización de la disidencia al chavismo.
La respuesta del gobierno venezolano vino a través de su embajador en la ONU, Jorge Valero, quien afirmó que Venezuela reconocía el “derecho a manifestar”, pero explicó que las recientes protestas eran “actos vandálicos y criminales (…) promovidos por un sector violento de la oposición financiado por el exterior”.
Añadió además que la crisis en el país era una consecuencia de la “guerra económica contra” Venezuela.
“EEUU con sus acólitos regionales hablan de una supuesta crisis humanitaria en Venezuela, cuando la verdad es que las dificultades que enfrentamos son el resultado de las medidas coercitivas, unilaterales e impuestas al país, junto a la guerra económica contra Venezuela”, destacó.
En la misma línea, el diplomático negó que exista algún tipo de migración masiva desde Venezuela, destacando que el plan “retorno” impulsado por Maduro ha logrado que más de 13 mil venezolanos regresen al país. Según la ONU, unos 2,7 millones de personas dejaron el país petrolero en los últimos 4 años.
Violaciones a los DDHH
Bachelet instó el miércoles a encontrar una “solución política” a la crisis venezolana. Entretanto, su oficina envió una “misión técnica” con vistas a preparar una posible visita de la Alta Comisionada.
“Las autoridades se han negado a reconocer las dimensiones y la gravedad de la crisis en materia de cuidados médicos, alimentación y servicios básicos, por lo que las medidas que han adoptado no han sido suficientes”, dijo Bachelet, siempre según el texto en español difundido por su oficina.
En junio, Bachelet debe publicar un informe sobre la situación en Venezuela, pero la expresidenta chilena ya denunció el miércoles la “reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas”.
“En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y los colectivos armados progubernamentales”, prosiguió la responsable, incluyendo “el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas”.
La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las fuerzas especiales de seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó Bachelet.
La oficina de la Alta Comisionada analizó las informaciones sobre las ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad. En 2018, al menos 205 muertes fueron atribuidas a las fuerzas especiales de seguridad venezolanas y otras 37 fueron presuntamente asesinadas en enero de 2019 en Caracas, precisó Bachelet.
