Un juez estadounidense decidió este miércoles que el jurado del caso contra el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada, quien fue hallado responsable en abril de la masacre de octubre de 2003 en Bolivia, carecía de evidencia suficiente para emitir su veredicto.

El expresidente y su entonces ministro de Defensa, Carlos Sánchez Berzaín, fueron hallados “responsables” de ejecuciones extrajudiciales perpetradas en 2003 en Bolivia, por un tribunal de Estados Unidos que los condenó a indemnizar por 10 millones de dólares a familiares de ocho aymaras fallecidos.

No obstante, “la evidencia que los demandantes presentaron es legalmente insuficiente para sostener el veredicto del jurado a su favor”, escribió el juez federal James Cohn en su orden de este miércoles.

La orden responde a una moción que presentó la defensa después de saberse el veredicto, el 11 de abril. En esta moción de última hora, los abogados argumentaron que las víctimas no habían conseguido demostrar que Sánchez de Lozada y Sánchez Berzaín hubieran sido responsables de la masacre.

“Por eso, ordeno y fallo que la moción (de la defensa) es concedida”, dijo el juez, quien aún debe pronunciar su fallo final.

Los jurados dieron su veredicto tres seis días de deliberaciones en un inusual juicio que comenzó el 5 de marzo en un tribunal federal en Fort Lauderdale, sur de Florida.

“La decisión del juez (a favor de la defensa) demuestra que no hubo absolutamente ninguna evidencia que indique la existencia de un plan u orden de utilizar la fuerza letal contra civiles”, dijo en una carta el expresidente Sánchez de Lozada (1993-1997 y 2002-2003).

El proceso tuvo lugar gracias a una ley estadounidense que permite enjuiciar civilmente a acusados de torturas o ejecuciones extrajudiciales aunque todas las partes sean extranjeras y el crimen haya sido cometido en el exterior.

Los disturbios de septiembre y octubre de 2003, episodio conocido como “la guerra del gas”, forzaron la huida del presidente y facilitaron el ascenso al poder, en 2006, del aymara Evo Morales, entonces líder cocalero.

En la demanda, los familiares de ocho bolivianos muertos exigían indemnizaciones por “matanzas extrajudiciales, crímenes contra la humanidad y homicidios culposos” que el 17 de octubre dejaron 58 muertos y más de 400 heridos en El Alto, próximo a La Paz.