El gobierno de Brasil anunció el envío de tropas a Brasilia, capital política del país, para contener las masivas manifestaciones en contra del presidente Michel Temer.
“En este momento ya hay tropas federales aquí, en el palacio de Itamaraty [sede de la cancillería], y ya están llegando tropas para asegurar la protección de los edificios ministeriales”, anunció el ministro de Defensa, Raul Jungmann, en una breve declaración de prensa.
“El Presidente de la República resalta que es inaceptable el vandalismo, que es inaceptable el descontrol, y que no permitirá que esos actos perturben un proceso que se desarrolla de forma democrática y con respeto de las instituciones”, agregó Jungmann.
Grupos de manifestantes atacaron a pedradas varios ministerios a lo largo de la Explanada que conduce al Congreso y consiguieron invadir una sala del Ministerio de Agricultura, donde prendieron fuego.
Unas 35.000 personas, según la Secretaría de Seguridad del Distrito Federal, respondieron al llamado sindical para exigir la salida de Temer, acosado por las denuncias de corrupción, y el fin de sus programas de austeridad.
“El edificio fue evacuado. Hubo una invasión en la entrada privada del ministro. Prendieron fuego en una sala, rompieron las fotos de las galerías de exministros y se enfrentaron con la policía”, dijo a la Agence France-Presse la asesoría de prensa de esa dependencia.
Ríos humanos confluyeron hacia el Congreso, rodeado de vallas de seguridad, al grito unánime de “¡Fora Temer!”.
Los participantes pedían asimismo elecciones “Directas ya” y el retiro de los proyectos de reforma de las jubilaciones y de flexibilización de la legislación laboral.
“La reforma del régimen laboral (…) desorganiza al movimiento sindical. La reforma de las jubilaciones hace prácticamente imposible que alguien se jubile en Brasil” con derechos completos, afirmó el diputado Paulo Pereira da Silva, más conocido como Paulinho da Força, líder de la central Força Sindical (FS), que fue aliado de Temer en los primeros meses de su gobierno.
Esta nueva crisis se produce apenas un año después de la destitución por el Congreso de la presidenta de izquierda Dilma Rousseff. Temer, su vicepresidente, la reemplazó, con la expectativa de completar el mandato hasta finales de 2018 y aplicar un programa de severos ajustes para sacar al país de la peor recesión de su historia.
Pero la economía tarda en despegar, la desocupación alcanza niveles récords y los escándalos de corrupción implican a sus principales ministros y gran parte de los aliados del impopular mandatario.
La gota que desbordó el vaso cayó la semana pasada, con la divulgación de una grabación en la que se oía a uno de los dueños del gigante de la alimentación JBS, Joesley Batista, contarle algunas de sus granujadas para alejar de sí las investigaciones de la Operación Lava Jato sobre los sobornos en Petrobras.
La Fiscalía General pidió de inmediato a la corte suprema acusar a Temer de obstrucción a la justicia, en una trama donde ve corrupción y organización criminal.
La izquierda, que denuncia un “golpe institucional”, ve en la súbita aceleración de la crisis una inmejorable oportunidad para cobrarse su revancha.
“Éste es el fin de gobierno golpista. El pueblo está en la calle para eso. No precisaban robar a Brasil”, dijo a la Agence France-Presse Francisca Gomes, una portera de 59 años de Sao Paulo, sosteniendo con tres compañeras un ataúd de cartón negro con imágenes del presidente y cruces blancas con la inscripción “RIP Temer”.
“Temer es un irresponsable. Hundió a Brasil en una crisis descomunal. No está en condiciones de permanecer en la presidencia”, dijo Wagner Freitas, presidente de la Central Única de Trabajadores (CUT), vinculada al Partido de los Trabajadores (PT) del los expresidentes Lula da Silva y Rousseff.
