El primer presidente de Sudamérica en reaccionar a la destitución de Dilma Rousseff, fue el mandatario de Ecuador, Rafael Correa, quien mostró su rechazo a la medida.

El presidente ecuatoriano realizó declaraciones en su cuenta de Twitter, donde calificó el hecho como: “Una apología al abuso y la traición”.

De igual modo, también anunció que su gobierno retirará al encargado de negocios de la Embajada de Ecuador en Brasil, siendo también la primera reacción diplomática ante la decisión del Senado de Brasil.

En mayo, Quito llamó a consultas a su embajador en Brasil, Horacio Sevilla, que desde entonces no volvió al puesto y en junio fue nombrado representante permanente de Ecuador ante Naciones Unidas.

El Gobierno de Ecuador también emitió un comunicado donde rechaza la medida que califica como un “golpe de Estado solapado”.

“El Gobierno del Ecuador rechaza la flagrante subversión del orden democrático en Brasil, que considera un golpe de Estado solapado. Políticos adversarios y otras fuerzas de oposición se confabularon contra la democracia para desestabilizar al Gobierno y remover de su cargo de forma ilegítima a la Presidenta Dilma Rousseff”, dice el texto difundido por la Cancillería ecuatoriana.

El comunicado agrega que el Senado no pudo aprobar los crímenes por los que era acusada Rousseff y que no pueden apoyar eso, agregando que el proceso fue llevado adelante por un número importante de parlamentarios que están siendo investigados por corrupción.

“El espurio procedimiento de destitución llevado adelante en instancia legislativa, que culminó con la decisión de este día, no cumplió con el requisito fundamental de probar que la mandataria haya cometido delitos de responsabilidad” señala el documento.

Correa también dejó un mensaje relacionado con el guerrillero Ernesto ‘Che’ Guevara y declaró que la situación recuerda a las épocas más oscuras de América Latina, en clara referencia a los golpes militares de las décadas de los 60′, 70′ y 80′.

Rousseff fue destituida tras ser hallada culpable de crímenes de responsabilidad en la adulteración de las cuentas fiscales, sin autorización de Congreso.