La industria sudafricana se alzó contra la nueva tasa del carbono, que entró en vigor en junio, y dijo temer que el impuesto haga caer sus inversiones y provoque la destrucción de puestos de trabajo a pesar de que el real es muy pequeño.

El gobierno de Sudáfrica, el 14º país del mundo que más contamina según Greenpeace, se convirtió el 1 de junio en el primero de África en aplicar esta tasa.

Este impuesto, que ya se aplica en países como Canadá, Colombia, Francia o Suecia, quiere limitar la emisión de gases de efecto invernadero, responsables del cambio climático.

Las ONGs medioambientales y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés) destacaron “una primera etapa significativa”, poco frecuente en los países emergentes, aunque lamentaron que el monto sea tan bajo.

En concreto, las empresas tendrán que pagar 120 rands, unos 8 dólares por tonelada de dióxido de carbono (C02) emitida.

No obstante, teniendo en cuenta las reducciones fiscales que pueden llegar hasta el 95%, el monto real fluctuará entre 6 y 48 rands (0.4 y 3 dólares).

Se trata de un monto muy alejado de los entre 40 y 80 dólares hasta 2020 recomendados para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París sobre el clima.

“La tasa de carbono es más bien pequeña, pero muy importante simbólicamente”, reconoció Ismail Momoniat, director general adjunto del Tesoro, que promete revisarla a partir de 2023.

Sin embargo, la industria sudafricana advirtió la posibilidad de despidos y cierres de fábricas.

En las minas sudafricanas, un sector que ya está en crisis, se suprimirían 6.800 puestos de trabajo directos e indirectos, según indicó la Cámara Nacional de Minas, una situación que podría empeorar a partir de 2023.

Por su parte, la organización patronal Busa denunció que la tasa “disuadirá las inversiones extranjeras y nacionales” en un contexto que ya es difícil, con “desempleo, pobreza y desigualdades”.

En Sudáfrica, al menos el 27% de la población activa está sin empleo, una tasa que supera el 50% entre los jóvenes.